Nota de prensa PGS

La Comisión de Peticiones de la Unión Europea y una vez examinada la denuncia interpuesta por Proyecto Gran Simio por diversos artículos del Real Decreto 1333/2006, ha considerado que la petición presentada por esta organización en junio de 2016, cumple los requisitos de admisión a trámite ya que se trata de un asunto que incide en el ámbito de las actividades de la citada Unión Europea.

Proyecto Gran Simio denunció ante el Parlamento Europeo que el citado Real decreto que regula el destino de especímenes CITES incautados en España, infringía la normativa internacional sobre la Convención del Comercio Internacional de especies amenazadas de la Fauna y Flora Silvestre (CITES), ya que en su artículo 8 Apartado Cuatro dice textualmente: "En el caso de que sea imposible o inadecuada la reintroducción del espécimen al medio silvestre, su cesión para su mantenimiento en cautividad o su donación para fines de investigación, o los especímenes padecieran de una enfermedad incurable, crónica o infecciosa, podrá aplicarse la eutanasia y, en su caso, la destrucción del espécimen vegetal."

Según este artículo, en caso de que por ejemplo un chimpancé o un elefante no pudiera ser cedido a un centro colaborador como suelen ser zoológicos o centros privados, podrá ser entregado a un Centro de Experimentación e incluso sacrificarlo. Por lo tanto para esta organización este Real Decreto no protege a las especies en peligro de extinción y solo se usa el CITES en calidad económica, de contrabando, pero no como protección de especies en peligro de extinción, permitiendo por normativa la posibilidad del sacrificio siendo claramente contrario a los objetivos claros de protección del Convenio CITES.

Así mismo, Proyecto Gran Simio denuncia que España, al no tener ningún centro propio para acoger a especies CITES, el Estado una vez decomisadas las deposita en zoológicos y centros privados mediante acuerdos previos según establece el artículo cinco del mismo Real Decreto. Si hay alguna inspección a esos zoológicos o centros privados,  esta ONG se pregunta: ¿Cómo pueden los inspectores actuar con libre dependencia si ven irregularidades cuando esos mismos centros son depositarios de animales CITES incautados por el Estado?

Por otro lado se ha pedido igualmente a la Unión Europea en la misma petición aprobada a trámite, que el CITES debe de estar encuadrado en algunas de las Direcciones Generales del Ministerio de Medio Ambiente al tratarse de especies que se encuentran en peligro de extinción adscritos al Convenio y no que dependa del Ministerio de Economía como se encuentra actualmente, ya que para Proyecto Gran Simio es un claro ejemplo  de que el único interés de las intervenciones CITES es el económico y no el de la protección de todos los animales que se encuentren en situación crítica de extinción.

“¿No está cometiendo el Estado una Infracción Grave al CITES por abrir una vía de exterminio por Real Decreto a especies incautadas y en peligro de extinción? No es ético ni moral denunciar a personas por posible tráfico animal cuando por ley se permite el sacrificio o la entrega de animales a centros de experimentación si no encuentra un lugar adecuado para su depósito. Es la propia Administración la que tiene que dar ejemplo de protección y conservación. No estamos tratando con objetos económicos, sino con seres vivos que han sido sustraídos ilegalmente de sus ecosistemas y se merecen un respeto a la vida como seres sintientes y que además sus poblaciones se encuentran en situación crítica de extinción. El Real Decreto que queremos sea derogado incumple la normativa Europea y el Convenio CITES. Por ello la Unión Europea ha abierto un expediente de investigación contra España para determinar su responsabilidad ante tamaño abuso legislativo, ha declarado  Pedro Pozas Terrados, Presidente Internacional y Director Ejecutivo del proyecto Gran Simio en España.

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europea ha considerado que las cuestiones planteadas en la petición del Proyecto Gran Simio debería también remitirse al Intergrupo del Parlamento Europeo para el Bienestar y la Conservación de los Animales como así se ha hecho e igualmente ha enviado una carta a las autoridades españolas preguntando cuál es el tratamiento que siguen las especies decomisadas protegidas o en peligro de extinción.