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A propósito de las corridas de toros
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Artículos
CRISTINA NARBONA
La libertad de expresión y el debate son esenciales en democracia. Por eso, agradezco muy sinceramente al periódico EL MUNDO la importancia otorgada a mis comentarios sobre las corridas de toros, convertidos en un potente estímulo para la discusión. A pesar de haber expresado mi opinión en esta materia en numerosas ocasiones, a lo largo de 24 años de actividad política -incluso siendo ministra- nunca se había producido una reacción tan amplia ... y, por tanto, tan saludable, en términos ciudadanos, ya que ha permitido conocer numerosos argumentos, a favor y en contra, en particular vía internet. La fiesta de los toros es, -además de un activo del patrimonio cultural español- un espectáculo autorizado por ley y, por lo tanto, sólo una mayoría parlamentaria podrá cambiar su regulación. Es evidente que todavía no existe una mayoría contraria a las corridas de toros, aunque todos los datos indican una actitud bien diferente entre los más jóvenes, así como en un segmento creciente de la población, comprometida con las condiciones de vida de los animales. Por lo tanto, no parece arriesgado aventurar un proceso de gradual exigencia social para restringir, al menos, algunos elementos de la fiesta de los toros, como ya ha sucedido, por ejemplo, en Cataluña, donde se ha prohibido el acceso de los menores a las corridas; o una desaparición gradual de la fiesta, por razones de mercado. Si miramos fuera de nuestras fronteras, resulta interesante analizar el ejemplo de la caza del zorro en el Reino Unido, aunque se trate en ese caso de una tradición más asociada a las clases de ingresos altos que en el caso de las corridas de toros, donde la evolución desde el toreo a caballo al toreo a pie explica la gran popularidad adquirida durante los últimos dos siglos.
«No tengo inconveniente en que se clasifiquen a las corridas de toros entre las crueldades universales... Cuando la humanidad esté en un grado tal de civilización que no quede ninguna crueldad, entonces se podría hablar de suprimir las corridas de toros». Así se expresaba, en 1930, Ignacio Sánchez Mejías, torero y escritor, cuya muerte inspiró algunos de los mejores poemas de García Lorca, de Rafael Alberti y de Miguel Hernández. Casi 80 años después de esta reflexión de Sánchez Mejías, la aceptación social de las diferentes expresiones de la crueldad humana ha variado de forma significativa: a pesar de todo, sin duda somos más «civilizados».
Y es que la «moral» dominante en cada época ha impuesto como legítimas muchas formas de crueldad y de violencia: desde la esclavitud a las guerras en nombre de la religión, desde las luchas entre gladiadores a la tortura, desde la pena de muerte a la violencia física y psicológica contra las mujeres... Expresiones de violencia asociadas, en cada momento, a estructuras de poder social y económico ..., sin duda de mucha mayor dimensión que los 1.500 millones de euros que supone hoy día el negocio de los toros en España. Expresiones de crueldad que una ciudadanía cada vez más consciente de su responsabilidad ética ha ido rechazando, gracias, en gran medida, al empuje y al compromiso de los movimientos sociales de vanguardia. Por supuesto queda muchísimo por hacer en el avance hacia una auténtica globalización de los derechos humanos y en la erradicación de toda forma de violencia: una batalla sin tregua en la que muchos nos sentimos profundamente comprometidos.
¿Buenismo? ¿Utopía? Así lo creen, sin duda, quienes, como el señor Rajoy, consideran una «ocurrencia disparatada» de la Ministra de Medio Ambiente el pronunciarse a favor de la reducción gradual de la crueldad propia de las corridas de toros. Por cierto, el señor Rajoy también calificó como una «ocurrencia», «un conejo sacado de la chistera» ... el Pacto contra el terrorismo, ofrecido al Gobierno de Aznar en el año 2000 por José L. Rodríguez Zapatero, apenas elegido secretario general del PSOE.
Otros, en nombre de la libertad individual, han mezclado -en el mismo juicio crítico contra el actual Gobierno- mi comentario sobre las corridas de toros, con las normas aprobadas sobre el tabaco, el pescado congelado, el carné por puntos ... Sinceramente, me siento muy orgullosa de pertenecer a un Gobierno que antepone la salud y la seguridad de todos los ciudadanos a los intereses económicos de una minoría. Por supuesto, cualquier cambio en la regulación de las corridas de toros requeriría una mayoría parlamentaria -que, como ya he señalado, hoy no existe-, como la que ha apoyado esas normas «intervencionistas». ¿No será que algunos no aceptan, en el fondo, las reglas básicas de la democracia?
Uno de los comentarios más sorprendentes ha sido el de «al que no le gusten las corridas, que no vaya», olvidando, entre otras cosas, que todos los españoles subvencionamos con nuestros impuestos la ganadería de toros de lidia, y que todos tenemos derecho a opinar, desde el respeto a las opiniones de los demás.
Se ha querido también ridiculizar la opción de Portugal, donde se prohíbe la muerte del toro en la plaza, tachándola de «corridas a lo bambi» y otras lindezas similares. Quizás desconozcan la polémica vivida en España, no hace tanto tiempo, cuando se planteó reducir el sufrimiento de los caballos en las corridas, protegiéndoles con petos en la suerte varas: por supuesto, ese cambio acabó imponiéndose en contra de quienes consideraban parte irrenunciable del espectáculo la visión de las vísceras equinas. Porque siempre hay -y siempre habrá- quien esté dispuesto a pagar por ver sufrir a un ser vivo, humano o no; pero, afortunadamente, son cada vez más las personas que reclaman normas para una convivencia con menos crueldad.
En ese sentido, nuestro ordenamiento jurídico ha comenzado en fecha reciente a reconocer la exigencia de un trato ético a los animales, en la misma línea que el resto de los países desarrollados. Desde 2003, el Código Penal recoge el maltrato animal, con resultado de muerte o lesión grave, como delito punible con cárcel. Fueron necesarias más de 600.000 firmas, promovidas por la Fundación Altarriba, para hacer prosperar una iniciativa que no contaba, inicialmente, con el apoyo del PP, grupo mayoritario en el Parlamento en esa legislatura.
La reciente reforma del Código Penal ha incorporado, a propuesta del Ministerio de Medio Ambiente, la tipificación como delito del maltrato animal cuando éste se produzca en espectáculos no autorizados (peleas de perros, peleas de gallos ...). Se trata de un pequeño paso más en el reconocimiento jurídico del rechazo a la violencia contra los animales, cuya correcta aplicación dependerá, entre otras cosas, de la vigilancia por parte de las comunidades autónomas, competentes en la protección animal, así como de la consolidación de la estructura y funciones de la nueva Fiscalía de Medio Ambiente.
Por último, aprovecho para afirmar que mi padre -objeto de tanto recuerdo estos días- ha sido, para mí, una extraordinaria referencia moral por su honestidad y por su amor al trabajo; y me siento muy orgullosa del reconocimiento que obtuvo como periodista y como escritor, aunque no compartiera muchos de sus planteamientos, incluido su entusiasmo por la tauromaquia. Quienes se sorprenden de mi rechazo a las corridas de toros, «a pesar» de ser hija de un erudito en la materia -como si no se pudiera querer y respetar a quienes tienen ideas diferentes a las propias- tienen, seguramente, otra visión de las relaciones humanas ... y no sólo de la relación con el resto de los seres vivos.
Cristina Narbona es ministra de Medio Ambiente.
La libertad de expresión y el debate son esenciales en democracia. Por eso, agradezco muy sinceramente al periódico EL MUNDO la importancia otorgada a mis comentarios sobre las corridas de toros, convertidos en un potente estímulo para la discusión. A pesar de haber expresado mi opinión en esta materia en numerosas ocasiones, a lo largo de 24 años de actividad política -incluso siendo ministra- nunca se había producido una reacción tan amplia ... y, por tanto, tan saludable, en términos ciudadanos, ya que ha permitido conocer numerosos argumentos, a favor y en contra, en particular vía internet. La fiesta de los toros es, -además de un activo del patrimonio cultural español- un espectáculo autorizado por ley y, por lo tanto, sólo una mayoría parlamentaria podrá cambiar su regulación. Es evidente que todavía no existe una mayoría contraria a las corridas de toros, aunque todos los datos indican una actitud bien diferente entre los más jóvenes, así como en un segmento creciente de la población, comprometida con las condiciones de vida de los animales. Por lo tanto, no parece arriesgado aventurar un proceso de gradual exigencia social para restringir, al menos, algunos elementos de la fiesta de los toros, como ya ha sucedido, por ejemplo, en Cataluña, donde se ha prohibido el acceso de los menores a las corridas; o una desaparición gradual de la fiesta, por razones de mercado. Si miramos fuera de nuestras fronteras, resulta interesante analizar el ejemplo de la caza del zorro en el Reino Unido, aunque se trate en ese caso de una tradición más asociada a las clases de ingresos altos que en el caso de las corridas de toros, donde la evolución desde el toreo a caballo al toreo a pie explica la gran popularidad adquirida durante los últimos dos siglos.
«No tengo inconveniente en que se clasifiquen a las corridas de toros entre las crueldades universales... Cuando la humanidad esté en un grado tal de civilización que no quede ninguna crueldad, entonces se podría hablar de suprimir las corridas de toros». Así se expresaba, en 1930, Ignacio Sánchez Mejías, torero y escritor, cuya muerte inspiró algunos de los mejores poemas de García Lorca, de Rafael Alberti y de Miguel Hernández. Casi 80 años después de esta reflexión de Sánchez Mejías, la aceptación social de las diferentes expresiones de la crueldad humana ha variado de forma significativa: a pesar de todo, sin duda somos más «civilizados».
Y es que la «moral» dominante en cada época ha impuesto como legítimas muchas formas de crueldad y de violencia: desde la esclavitud a las guerras en nombre de la religión, desde las luchas entre gladiadores a la tortura, desde la pena de muerte a la violencia física y psicológica contra las mujeres... Expresiones de violencia asociadas, en cada momento, a estructuras de poder social y económico ..., sin duda de mucha mayor dimensión que los 1.500 millones de euros que supone hoy día el negocio de los toros en España. Expresiones de crueldad que una ciudadanía cada vez más consciente de su responsabilidad ética ha ido rechazando, gracias, en gran medida, al empuje y al compromiso de los movimientos sociales de vanguardia. Por supuesto queda muchísimo por hacer en el avance hacia una auténtica globalización de los derechos humanos y en la erradicación de toda forma de violencia: una batalla sin tregua en la que muchos nos sentimos profundamente comprometidos.
¿Buenismo? ¿Utopía? Así lo creen, sin duda, quienes, como el señor Rajoy, consideran una «ocurrencia disparatada» de la Ministra de Medio Ambiente el pronunciarse a favor de la reducción gradual de la crueldad propia de las corridas de toros. Por cierto, el señor Rajoy también calificó como una «ocurrencia», «un conejo sacado de la chistera» ... el Pacto contra el terrorismo, ofrecido al Gobierno de Aznar en el año 2000 por José L. Rodríguez Zapatero, apenas elegido secretario general del PSOE.
Otros, en nombre de la libertad individual, han mezclado -en el mismo juicio crítico contra el actual Gobierno- mi comentario sobre las corridas de toros, con las normas aprobadas sobre el tabaco, el pescado congelado, el carné por puntos ... Sinceramente, me siento muy orgullosa de pertenecer a un Gobierno que antepone la salud y la seguridad de todos los ciudadanos a los intereses económicos de una minoría. Por supuesto, cualquier cambio en la regulación de las corridas de toros requeriría una mayoría parlamentaria -que, como ya he señalado, hoy no existe-, como la que ha apoyado esas normas «intervencionistas». ¿No será que algunos no aceptan, en el fondo, las reglas básicas de la democracia?
Uno de los comentarios más sorprendentes ha sido el de «al que no le gusten las corridas, que no vaya», olvidando, entre otras cosas, que todos los españoles subvencionamos con nuestros impuestos la ganadería de toros de lidia, y que todos tenemos derecho a opinar, desde el respeto a las opiniones de los demás.
Se ha querido también ridiculizar la opción de Portugal, donde se prohíbe la muerte del toro en la plaza, tachándola de «corridas a lo bambi» y otras lindezas similares. Quizás desconozcan la polémica vivida en España, no hace tanto tiempo, cuando se planteó reducir el sufrimiento de los caballos en las corridas, protegiéndoles con petos en la suerte varas: por supuesto, ese cambio acabó imponiéndose en contra de quienes consideraban parte irrenunciable del espectáculo la visión de las vísceras equinas. Porque siempre hay -y siempre habrá- quien esté dispuesto a pagar por ver sufrir a un ser vivo, humano o no; pero, afortunadamente, son cada vez más las personas que reclaman normas para una convivencia con menos crueldad.
En ese sentido, nuestro ordenamiento jurídico ha comenzado en fecha reciente a reconocer la exigencia de un trato ético a los animales, en la misma línea que el resto de los países desarrollados. Desde 2003, el Código Penal recoge el maltrato animal, con resultado de muerte o lesión grave, como delito punible con cárcel. Fueron necesarias más de 600.000 firmas, promovidas por la Fundación Altarriba, para hacer prosperar una iniciativa que no contaba, inicialmente, con el apoyo del PP, grupo mayoritario en el Parlamento en esa legislatura.
La reciente reforma del Código Penal ha incorporado, a propuesta del Ministerio de Medio Ambiente, la tipificación como delito del maltrato animal cuando éste se produzca en espectáculos no autorizados (peleas de perros, peleas de gallos ...). Se trata de un pequeño paso más en el reconocimiento jurídico del rechazo a la violencia contra los animales, cuya correcta aplicación dependerá, entre otras cosas, de la vigilancia por parte de las comunidades autónomas, competentes en la protección animal, así como de la consolidación de la estructura y funciones de la nueva Fiscalía de Medio Ambiente.
Por último, aprovecho para afirmar que mi padre -objeto de tanto recuerdo estos días- ha sido, para mí, una extraordinaria referencia moral por su honestidad y por su amor al trabajo; y me siento muy orgullosa del reconocimiento que obtuvo como periodista y como escritor, aunque no compartiera muchos de sus planteamientos, incluido su entusiasmo por la tauromaquia. Quienes se sorprenden de mi rechazo a las corridas de toros, «a pesar» de ser hija de un erudito en la materia -como si no se pudiera querer y respetar a quienes tienen ideas diferentes a las propias- tienen, seguramente, otra visión de las relaciones humanas ... y no sólo de la relación con el resto de los seres vivos.
Cristina Narbona es ministra de Medio Ambiente.
