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Animales potencialmente peligrosos, su control es complejo y falta información.

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ABC, 03 agosto 2008.
Un Rotweiler en el sofá.Un peligro real.
NURIA PÉREZ CAMPAÑA.Dicen que la alimentación y el comportamiento hace que el hurón pierda su instinto de animal salvaje y adquiera costumbres de crianza y granja. Pese a tratarse de un «hurón doméstico», los expertos recuerdan que por naturaleza, son depredadores voraces que pueden vivir en perfectas condiciones de una alcantarilla a otra. Al menos 27 personas tienen como mascota a un hurón en casa en Dos Hermanas, según se desprende del Registro Municipal de Animales de Compañía que desarrolla el Colegio Oficial de Veterinarios de Sevilla y que facilita los datos de manera actualizada al Ayuntamiento nazareno tras firmar un acuerdo en octubre de 2007. La ley 11/2003 de 24 de noviembre, obliga a los propietarios de animales a que identifique a su mascota, de igual manera que exige a los consistorios a que confeccione y mantenga al día el registro.
Sin embargo, la práctica es diferente y los responsables municipales advierten de que el control es complejo y falta información. Tanto que incluso el registro de animales potencialmente peligrosos se deja en manos de las clínicas veterinarias a las que se encomienda la gestión. «El dueño no tiene más remedio que acudir al menos una vez al veterinario por distintas cuestiones por lo que a ellos les resulta más fácil efectuar un control e inscribir al animal si está catalogado como potencialmente peligroso y lo ponen así en conocimiento del Ayuntamiento correspondiente», explican fuentes consultadas por este periódico. Sepa así que tener un perro guardián en su chalet no es ya tan simple. Ataques a personas han abierto un clima de inquietud social y eso ha hecho que la regulación delimita el régimen de tenencia de animales potencialmente peligrosos.
Con el nuevo decreto
Desde que en abril entrara en vigor el nuevo decreto (42/2008, de 12 de febrero), que regula la tenencia de estos animales en Andalucía, los índices de registro siguen su curso natural, sin cuantiosas incorporaciones. La teoría es sencilla. Deben salir de viviendas, desde cocodrilos, caimanes y especies de reptiles que, en estado adulto, puedan alcanzar los dos kilos de peso, hasta peces venenosos o primates. Como muestra, en Dos Hermanas, con una población que supera los 120.000 habitantes, sólo hay registrados 288 perros potencialmente peligrosos de los 10.526 canes domésticos. Hay 268 gatos, 28 caballos, 27 hurones más una treintena de «otras especies», lo que apenas hacen un total de 10.880 animales. Ya la consejería de Gobernación advirtió de que los propietarios tendrían seis meses para comunicar su existencia a su ayuntamiento y entregar el ejemplar a las autoridades. Aquí radica otro de los problemas. Hay quienes critican lo irrisorio de la medida si los consistorios están no preparados para la acogida de estos animales y si disponen de sitios habilitados y acondicionados. En definitiva, si realmente existen medios e infraestructuras.
Sin pasar del manual, la Junta considera perros peligrosos desde el Pit Bull, Terrier, Staffordshire Bull Terrier, American Staffordshire Terrier y Rottweiler hasta el Dogo Argentino, Fila Brasileño, Tosa Inu y Akita Inu, sumándose el Dóberman. A excluir, los pertenecientes a las Fuerzas Armadas, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía, Cuerpos de Policías Locales y Cuerpos de Bomberos.
Cinco años de licencia
Una vez finalizado el periodo de adaptación de la ley, los propietarios deben de disponer de una licencia administrativa otorgada por el Ayuntamiento cuya vigencia será de cinco años y cumplir los requisitos: ser mayor de edad, tener capacidad física y aptitud psicológica, no haber sido condenado por delitos violentos o graves (homicidio, lesiones, torturas) y suscribir un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros con una cobertura no inferior a 175.000 euros.
Con la nueva legislación, se hará imprescindible demostrar que el perro ha superado un curso de adiestramiento básico. Desde octubre, cualquier agente policial puede pedir así el alto a una persona que pasee con un perro catalogado como potencialmente peligroso y comprobar los debidos permisos y el ajuste a la nueva normativa. De lo contrario, se enfrentará a multas que alcanzan los 115.000 euros. En los casos concretos de animales potencialmente peligrosos que presenten comportamientos agresivos patológicos, acreditados mediante informe emitido por personal veterinario oficial o, en su defecto, designado por el Colegio Oficial de Veterinarios de la provincia de residencia del animal y con formación específica acreditada en la materia, cada ayuntamiento podrá incluso acordar la adopción de medidas de control, incluido el sacrificio del animal. Para evitar sanciones, el perro, que tendrá que estar identificado con un microchip, debe ir atado con una cadena firme no extensible —de un metro de longitud máxima— y con bozal. No podrá, como novedad, estar dentro de un espacio público de ocio o esparcimiento de menores, y tampoco podrá ir con otro can a la vez.

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