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Asanda denuncia a la Junta de Andalucía, ante la Unión Europea, por incumplimiento de la normativa sobre zoológicos
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La Asociación Andaluza para la Defensa de los Animales ha presentado, ante la Dirección General de Medio Ambiente de la Unión Europea, una denuncia contra la Junta de Andalucía, por entender que se está produciendo un grave incumplimiento de la Directiva que estable las condiciones de los parques zoológicos en el Zoo de Sevilla (Guillena).
La asociación animalista ha aportado, como prueba, un amplio informe con documentos oficiales, que ponen de manifiesto cómo el citado zoológico está funcionando, desde hace al menos 4 años, en situación de ilegalidad.
La normativa europea, traspuesta al ordenamiento español en 2003, dispone que los zoos que en 2004 no se hubieran adaptado a las condiciones mínimas establecidas, debían ser cerrados. El Zoo de Sevilla, sin embargo, nunca ha recibido la autorización de apertura al público por las deficiencias de sus instalaciones, y los dos expedientes sancionadores que la Consejería de Medio Ambiente inició a requerimiento de Asanda, fueron archivados tras producirse su caducidad. Asanda entiende, que la caducidad ha sido consecuencia de la actitud pasiva del organismo autonómico de medio ambiente, que tanto en éste, como en al menos otros tres zoos andaluces, está demostrando una patente dejación de funciones.
Tras recurrir a diveras instancias instancias españolas, incluída la judicial, sin que la Consejería de Medio Ambiente establezca la legalidad, Asanda finalmente ha puesto los hechos en conocimiento de las autoridades de la Unión Europea.
La asociación animalista ha aportado, como prueba, un amplio informe con documentos oficiales, que ponen de manifiesto cómo el citado zoológico está funcionando, desde hace al menos 4 años, en situación de ilegalidad.
La normativa europea, traspuesta al ordenamiento español en 2003, dispone que los zoos que en 2004 no se hubieran adaptado a las condiciones mínimas establecidas, debían ser cerrados. El Zoo de Sevilla, sin embargo, nunca ha recibido la autorización de apertura al público por las deficiencias de sus instalaciones, y los dos expedientes sancionadores que la Consejería de Medio Ambiente inició a requerimiento de Asanda, fueron archivados tras producirse su caducidad. Asanda entiende, que la caducidad ha sido consecuencia de la actitud pasiva del organismo autonómico de medio ambiente, que tanto en éste, como en al menos otros tres zoos andaluces, está demostrando una patente dejación de funciones.
Tras recurrir a diveras instancias instancias españolas, incluída la judicial, sin que la Consejería de Medio Ambiente establezca la legalidad, Asanda finalmente ha puesto los hechos en conocimiento de las autoridades de la Unión Europea.
