Asanda lleva a Europa el "incumplimiento" de la Junta a la hora de facilitar acceso a datos de un núcleo zoológico

En el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, el representante legal de Asanda, Luis Gilpérez, apunta al hecho de que la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente ha incumplido de manera "reiterada" el Convenio de Aarhus, toda vez que el 12 de marzo de 2008 la asociación solicitó a la Dirección General de Gestión del Medio Natural una copia de la resolución de apertura al público del denominado Parque Zoológico 'Prudencio Navarro', así como copia de lo resuelto una vez cumplido, en febrero de 2008, el plazo que la misma fijaba. La citada solicitud se hacía por disponer de indicios suficientes, a juicio de Asanda, para presumir el incumplimiento del plazo otorgado al zoológico para solucionar graves carencias. No obstante, el 20 de junio de 2008, más de tres meses después de la reclamación, la administración remitió la copia de la apertura, pero no la copia de lo resuelto, por lo que en fecha 3 de julio de 2008 se insistió en lo solicitado. Tras no atenderse la petición y acudir la asociación al Defensor del Pueblo Andaluz, la administración comunicó en 2009 que no accedía a lo solicitado por formar parte de un procedimiento sancionador inconcluso, "sin informar, como es preceptivo, del plazo previsto para su conclusión". De esta forma, Asanda presentó recurso de alzada, resuelto con un nuevo rechazo a facilitar la copia del informe de la visita de inspección, "por ser un dato parcial que no es posible separar por encontrarse conectado con el expediente sancionador aún inconcluso". A la luz de todo lo relatado, el colectivo entiende que los denunciados están incumpliendo la disposición del Convenio de Aarhus según la cual "cada parte concederá el reconocimiento y el apoyo requeridos a las asociaciones, organizaciones o grupos que tengan por objeto la protección del medio ambiente y procurará que su sistema jurídico nacional sea compatible con esta obligación". Asimismo, se refleja que "se procurará que [...] las autoridades públicas pongan a disposición del público, en el marco de su legislación nacional, las informaciones sobre el medio ambiente que les soliciten, en particular, si se hace tal petición", y que "cada parte contemplará el establecimiento de mecanismos de asistencia apropiados encaminados a eliminar o reducir los obstáculos financieros o de otro tipo que obstaculicen el acceso a la justicia"