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Avances sobre la experimentación animal.
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Artículos
El "bienestar animal" inspira las leyes sobre cobayas en España y EEUU
El Reino Unido prohibió usar grandes primates para experimentación en 1997
VÍCTOR SAORNIL | EL GLOBAL | 29 Junio 2008.
Como miembro de la Unión Europea, España tuvo que adoptar la directiva comunitaria referida a la utilización de animales en investigación. De esa forma, el Gobierno sustituía (y actualizaba) la legislación sobre protección animal, que se remontaba a 1927, cuando una real orden fijó multas de 50 pesetas a quien maltratase a un animal no dañino. Esta disposición fue actualizada en 1961 y estaba vigente cuando se aprobó la norma europea. La adecuación a ésta se concretó en el Real Decreto 223/1998.
Sin embargo, entre la norma europea y la española se generó un vacío legal. Ninguna de las dos obligaba a que los protocolos de investigación con animales fueran supervisados por un Comité de Ética de Experimentación Animal. Pero su actuación era requerida en las convocatorias de proyectos de investigación realizados por el Gobierno. El resultado fue la creación de comités en cada institución, imitando a los que funcionaban en Estados Unidos y otros países europeos. Por su parte, el Colegio de Biólogos estableció unos Comités de Evaluación sobre los procedimientos por petición de los investigadores.
Paralelamente, las comunidades autónomas crearon su propia legislación, muy similar a la nacional. Tan sólo Cataluña estableció diferencias. Por un lado, la Ley 5/1995 creó la Comisión de Experimentación Animal para supervisar todas las cuestiones relativas a la experimentación animal, y obligó a crear Comités Éticos de Experimentación Animal. Por otro, la norma tipificó los delitos contra la ley.
La ley catalana sirvió de base al Gobierno central para el Real Decreto 1201/2005, pues incluyó las novedades de Cataluña y determinó la composición y funciones de los comités denominados "de bienestar animal". Sin embargo, dicha norma no tipifica faltas ni sanciones.
En EEUU, existen cuatro tipos de regulaciones: el Acta de Bienestar Animal (AWA), la Política de Servicio de Salud Pública, el Acta de Prácticas del Buen Laboratorio y los Requisitos de las Agencias de Fondos Privados. Además, desde 1965 actúa la Asociación Americana para la Acreditación del Cuidado de Animales de Laboratorio.
En general, dichas normativas intentan asegurar la práctica humanitaria en la experimentación y mantenimiento de animales y el uso de métodos que minimicen o eliminen el uso de animales o limiten el dolor y el estrés. Llama la atención el desarrollo del AWA que, en su origen, se elaboró para proteger a los dueños de perros y gatos del robo de sus mascotas y evitar la venta de animales robados a centros de investigación.
El país que cuenta con mayores avances en este sentido es Reino Unido, que, desde 1997, es el único país de la UE que ha prohibido los experimentos con grandes primates (chimpancés, orangutanes y gorilas). La prohibición se basaba en que su nivel de sensibilidad era tan grande que dichos procedimientos no podían ser justificados. Ahora, el Gobierno holandés promete una norma similar.
El Reino Unido prohibió usar grandes primates para experimentación en 1997
VÍCTOR SAORNIL | EL GLOBAL | 29 Junio 2008.
Como miembro de la Unión Europea, España tuvo que adoptar la directiva comunitaria referida a la utilización de animales en investigación. De esa forma, el Gobierno sustituía (y actualizaba) la legislación sobre protección animal, que se remontaba a 1927, cuando una real orden fijó multas de 50 pesetas a quien maltratase a un animal no dañino. Esta disposición fue actualizada en 1961 y estaba vigente cuando se aprobó la norma europea. La adecuación a ésta se concretó en el Real Decreto 223/1998.
Sin embargo, entre la norma europea y la española se generó un vacío legal. Ninguna de las dos obligaba a que los protocolos de investigación con animales fueran supervisados por un Comité de Ética de Experimentación Animal. Pero su actuación era requerida en las convocatorias de proyectos de investigación realizados por el Gobierno. El resultado fue la creación de comités en cada institución, imitando a los que funcionaban en Estados Unidos y otros países europeos. Por su parte, el Colegio de Biólogos estableció unos Comités de Evaluación sobre los procedimientos por petición de los investigadores.
Paralelamente, las comunidades autónomas crearon su propia legislación, muy similar a la nacional. Tan sólo Cataluña estableció diferencias. Por un lado, la Ley 5/1995 creó la Comisión de Experimentación Animal para supervisar todas las cuestiones relativas a la experimentación animal, y obligó a crear Comités Éticos de Experimentación Animal. Por otro, la norma tipificó los delitos contra la ley.
La ley catalana sirvió de base al Gobierno central para el Real Decreto 1201/2005, pues incluyó las novedades de Cataluña y determinó la composición y funciones de los comités denominados "de bienestar animal". Sin embargo, dicha norma no tipifica faltas ni sanciones.
En EEUU, existen cuatro tipos de regulaciones: el Acta de Bienestar Animal (AWA), la Política de Servicio de Salud Pública, el Acta de Prácticas del Buen Laboratorio y los Requisitos de las Agencias de Fondos Privados. Además, desde 1965 actúa la Asociación Americana para la Acreditación del Cuidado de Animales de Laboratorio.
En general, dichas normativas intentan asegurar la práctica humanitaria en la experimentación y mantenimiento de animales y el uso de métodos que minimicen o eliminen el uso de animales o limiten el dolor y el estrés. Llama la atención el desarrollo del AWA que, en su origen, se elaboró para proteger a los dueños de perros y gatos del robo de sus mascotas y evitar la venta de animales robados a centros de investigación.
El país que cuenta con mayores avances en este sentido es Reino Unido, que, desde 1997, es el único país de la UE que ha prohibido los experimentos con grandes primates (chimpancés, orangutanes y gorilas). La prohibición se basaba en que su nivel de sensibilidad era tan grande que dichos procedimientos no podían ser justificados. Ahora, el Gobierno holandés promete una norma similar.
