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Condena penal por matar especies protegidas en Monterrubio
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Artículos
“Desde Ecologistas Extremadura han manifestado su satisfacción por una nueva sentencia condenatoria por delitos contra el medio ambiente en Extremadura, la sentencia 157/07 del juzgado de los penal nº1 de Don Benito ha condenado a Manuel Domínguez, al quedar demostrado que el 3 de Diciembre de 2005 organizó en la finca Los Lunares de Monterrubio (Badajoz) una actividad donde se mató un tigre, especie protegida catalogada de en Peligro de Extinción. También han sido condenados dos cazadores y dos empleados de la finca participantes en los hechos”.
El explotador industrial de una granja cinegética de caza mayor ubicada en Monterrubio de la Serena y que se encontraba vallada y electrificada se ha demostrado que organizó una cacería ilegal en la que se produjo la muerte de una hembra de tigre, por ello ha sido condenado a dos años de prisión y a cuatro de inhabilitación para la práctica de la caza. Se le considera culpable de un delito contra los recursos naturales y el Medio Ambiente en su modalidad de caza de especies de fauna en peligro de extinción (artículo 334.2 del código penal).
Del mismo modo ha sido probada la participación de dos cazadores y por ello se les condena a 18 meses de prisión y a la inhabilitación para cazar por un periodo de tres años. A los dos empleados de la finca se les ha condenado a 10 meses de prisión e inhabilitación para la caza por dos años.
La Asociación Ecologistas Extremadura lamenta que las condenas no hayan sido mayores, y el letrado de Ecologistas Juan Manuel López Rubio está estudiando un posible recurso. Esta asociación acusó al gestor cinegético de tres delitos: por caza de especies protegidas internacionalmente (tigres), por caza de especies protegidas en Extremadura (lobos), y por comercio de esas especies y sus partes. Por ello solicitaron al juez una pena de 4 años y nueve meses de condena para el principal inculpado y también pedían al igual que la fiscalía la inhabilitación del responsable principal para la gestión cinegética.
Durante el juicio, según la sentencia, también han quedado acreditados una serie de hechos graves para los ecologistas que no han sido sancionados penalmente como los ecologistas hubiesen deseado, pero además recuerdan a los responsables de la Junta de Extremadura que ahora se abre la posibilidad de sanciones administrativas.
Entre los hechos demostrados están la localización de tres cadáveres de lobo en el interior de la finca, la tenencia de otro tigre y un león en la misma finca, o la adquisición por parte de Manuel Domínguez de un tigre que el 24 de Noviembre de 2004 fue llevado a su vivienda y su destino final es desconocido, según la sentencia además el gestor del coto adquirió, tal y como puso en conocimiento del Juez la Asociación Ecologista doce ejemplares de lobo en Holanda y Alemania entre Enero y Marzo de 2005, también de destino desconocido. Por otra parte destacan como preocupante el hecho de que en la misma finca se realizaran múltiples fotos de cazadores con animales abatidos como leones y lobos, hechos de los que no ha habido una aclaración convincente para los ecologistas.
Ecologistas Extremadura recuerda que ahora se abre la posibilidad de imponer sanciones administrativas por las múltiples infracciones producidas y esperan que la Junta de Extremadura con esta sentencia ante un hecho delictivo de esta naturaleza suspenda las licencias de actividad para el denunciado directamente o a través de su empresa Sierra del Oro.
Esta asociación ha vuelto a reiterar su petición para que se cambie la política cinegética en Extremadura eliminado los modos de caza más artificiales, donde se mantiene a los animales encerrados y cebados artificialmente y solicitan que se revisen las autorizaciones de vallados cinegéticos, como el de la finca de los hechos, electrificado y de más de 2 metros de altura, prohibiéndolos en las fincas cinegéticas de la región ya que permiten ocultar este tipo de actos, además de provocar múltiples perjuicios medioambientales.
Los ecologistas han destacado y reconocido la gran labor en defensa del medio ambiente que a su juicio han realizado el SEPRONA y la fiscalía de medio ambiente en esta causa.
El explotador industrial de una granja cinegética de caza mayor ubicada en Monterrubio de la Serena y que se encontraba vallada y electrificada se ha demostrado que organizó una cacería ilegal en la que se produjo la muerte de una hembra de tigre, por ello ha sido condenado a dos años de prisión y a cuatro de inhabilitación para la práctica de la caza. Se le considera culpable de un delito contra los recursos naturales y el Medio Ambiente en su modalidad de caza de especies de fauna en peligro de extinción (artículo 334.2 del código penal).
Del mismo modo ha sido probada la participación de dos cazadores y por ello se les condena a 18 meses de prisión y a la inhabilitación para cazar por un periodo de tres años. A los dos empleados de la finca se les ha condenado a 10 meses de prisión e inhabilitación para la caza por dos años.
La Asociación Ecologistas Extremadura lamenta que las condenas no hayan sido mayores, y el letrado de Ecologistas Juan Manuel López Rubio está estudiando un posible recurso. Esta asociación acusó al gestor cinegético de tres delitos: por caza de especies protegidas internacionalmente (tigres), por caza de especies protegidas en Extremadura (lobos), y por comercio de esas especies y sus partes. Por ello solicitaron al juez una pena de 4 años y nueve meses de condena para el principal inculpado y también pedían al igual que la fiscalía la inhabilitación del responsable principal para la gestión cinegética.
Durante el juicio, según la sentencia, también han quedado acreditados una serie de hechos graves para los ecologistas que no han sido sancionados penalmente como los ecologistas hubiesen deseado, pero además recuerdan a los responsables de la Junta de Extremadura que ahora se abre la posibilidad de sanciones administrativas.
Entre los hechos demostrados están la localización de tres cadáveres de lobo en el interior de la finca, la tenencia de otro tigre y un león en la misma finca, o la adquisición por parte de Manuel Domínguez de un tigre que el 24 de Noviembre de 2004 fue llevado a su vivienda y su destino final es desconocido, según la sentencia además el gestor del coto adquirió, tal y como puso en conocimiento del Juez la Asociación Ecologista doce ejemplares de lobo en Holanda y Alemania entre Enero y Marzo de 2005, también de destino desconocido. Por otra parte destacan como preocupante el hecho de que en la misma finca se realizaran múltiples fotos de cazadores con animales abatidos como leones y lobos, hechos de los que no ha habido una aclaración convincente para los ecologistas.
Ecologistas Extremadura recuerda que ahora se abre la posibilidad de imponer sanciones administrativas por las múltiples infracciones producidas y esperan que la Junta de Extremadura con esta sentencia ante un hecho delictivo de esta naturaleza suspenda las licencias de actividad para el denunciado directamente o a través de su empresa Sierra del Oro.
Esta asociación ha vuelto a reiterar su petición para que se cambie la política cinegética en Extremadura eliminado los modos de caza más artificiales, donde se mantiene a los animales encerrados y cebados artificialmente y solicitan que se revisen las autorizaciones de vallados cinegéticos, como el de la finca de los hechos, electrificado y de más de 2 metros de altura, prohibiéndolos en las fincas cinegéticas de la región ya que permiten ocultar este tipo de actos, además de provocar múltiples perjuicios medioambientales.
Los ecologistas han destacado y reconocido la gran labor en defensa del medio ambiente que a su juicio han realizado el SEPRONA y la fiscalía de medio ambiente en esta causa.
