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De Bandera. Pesca ilegal.

Con el respaldo de empresas ficticias, joint ventures y propietarios ocultos, las banderas de conveniencia limitan gravemente los esfuerzos de combatir la pesca ilegal, ya que hacen que sea extremadamente difícil localizar y responsabilizar a los infractores, algo que se conoce a la perfección en puertos como el de Ribeira. El hecho de que tanto la UE como los estados miembros ,en este caso España, otorguen subsidios a empresas y/o buques pesqueros que llevan a cabo una pesca ilegal es un problema porque, al hacerlo, los contribuyentes europeos están fomentando este tipo de actividades, agravan las dificultades de aquellos que cumplen la legislación, así como el desarrollo sostenible a medio y largo plazo de la actividad y de la población costera, tanto en los países comunitarios como externos.

Sabe uno que no resulta del agrado de los armadores que se cuenten sus cuitas o que estas aparezcan en "los papeles". Pero, en relación con la pesca ilegal, lo cierto es que España €a pesar de lo que se pretende demostrar desde los círculos oficiales u oficiosos€ es uno de los seis países con propietarios, armadores u operadores residentes aquí y que poseen barcos con bandera de conveniencia cuyo volumen no es, ni mucho menos, desdeñable.
En el ranking mundial, Panamá encabeza la lista con el 18,8% de barcos de pesca de 24 o más metros de eslora entre los 14 países top FOC. Le siguen Honduras, con el 10,6%, Taiwan con el 10,4%, Corea del Sur con el 8,3%, Belice con el 5,3% y España con el 5%. Igual que China, si bien este país cuenta con dos buques menos que España.
Este listado otorga a Panamá un total de 212 pesqueros de la citada eslora con actividades irregulares, a Honduras 119, a Taiwan 117, a Corea del Sur 93, a Belice 71 y a España 58 (China 56).
Los pesqueros españoles que practican pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (Indnr) disponen de bandera de distintos países considerados paraísos fiscales. Y es que los barcos Indnr pueden cambiar de bandera y nombre varias veces en una temporada para confundir a las autoridades de gestión y vigilancia, como bien conocen algunos armadores gallegos que, como ya se ha denunciado públicamente, compatibilizan esa función "pirata" con la pesca legal y se benefician, incluso, de las importantes ayudas económicas que conceden la UE , el Estado español y las comunidades autónomas €en este caso, la de Galicia€ a pesar de ser conocedores de las constantes infracciones cometidas por barcos propiedad de los mencionados armadores.
Faro de Vigo, 2 enero 2012. Antón Luaces

 

La posición de la CE es que los gobiernos nacionales son responsables de supervisar que las compañías que reciben subsidios no violen el derecho internacional.
Existe una relación de 21 barcos españoles subvencionados durante el periodo 1994-2006 y de las infracciones cometidas. Como ejemplo, los siguientes relacionados directa o indirectamente con Galicia: Alba do Mar, con 192.984 euros para modernización, en marzo de 2009, que se vio obligado a depositar una fianza de 10.000 euros por uso de artes prohibidas; Vispón, que recibió 932.780 euros para construcción de nuevos buques en julio de 2007, sancionado por omisión de capturas e irregularidades en el registro de a bordo; Arosa Doce, Arosa Nueve y Arosa Quince, que en noviembre de 2006 recibieron más de 800.000 euros, a pesar de haber sido multados todos ellos por importe de más de 11 millones de euros; Monte Meixueiro, con ayudas por un monto total de 1.228.992 euros para construcción y modernización de buques, concedidos en noviembre de 2005 y que había sido acusado de pesca ilegal de más de 100 toneladas de fletán azul y eliminación ilegal de descartes en aguas de Noruega; Minchos Noveno y Minchos Séptimo, con más de 2 millones de euros para construcción y modernización de barcos otorgados en noviembre de 2003, tras ser confiscados los buques, aparejos y capturas debido al uso de tamaño de malla no permitido y omisiones en el registro de capturas.
Según distintos informes conocidos, el total de pérdidas a nivel mundial derivadas de la pesca ilegal (Indnr) abarca entre los 10 y los 23 millones de dólares estadounidenses, lo que representa entre 11,06 y 25,91 millones de toneladas de pescado.

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