DESMONTANDO ARGUMENTOS DE APOYO A LA CAZA Y EL SILVESTRISMO

La práctica de la caza está cada vez más cuestionada en nuestra sociedad, no sólo entre los jóvenes, sino entre la población en general, tanto del mundo rural como urbano. En un intento de contrarrestar esta creciente opinión crítica, colectivos relacionados con el mundo cinegético tanto a nivel estatal como autonómico se están organizando en lobbies para que algunos grupos políticos, a cambio de obtención de votos, se postulen a favor de unas actividades claramente antiecológicas. El grupo municipal socialista de Cádiz ha presentado la propuesta relativa al apoyo a las actividades de la caza y el silvestrismo, para que con ayuda de los otros partidos políticos PP y Cs (que ya se han pronunciado a favor de dichas actividades en diferentes ocasiones), salga esta propuesta adelante.

Lo que preocupa a la entidad ecologista AGADEN-EA es la cantidad de mentiras y falsedades contenidas en el texto, para intentar en vano demostrar que estas dos actividades (una de ellas declarada ya ilegal) van a acabar con los problemas ambientales y de paro (entre otros) en Andalucía.

Los argumentos empleados por aquellos que apoyan obstinadamente la caza y el silvestrismo pasan por airear la supuesta riqueza económica que produce a nivel nacional, dejando de lado las pérdidas de puestos de trabajo directos e indirectos en otras actividades que la práctica de la caza obstaculiza e impide, como son: senderismo, turismo rural, ecoturismo, la observación de aves, recogida de setas, etc. Al margen de la cuantificación de los bienes y servicios ecosistémicos que se ven afectados y que aportan un bien económico a la sociedad.

El argumento de que la caza se configura como una herramienta vital para la conservación de la biodiversidad y los escosistemas carece de toda validez. Estudios científicos desmontan los galardones que este colectivo se atribuye como “bandera de salvación de la naturaleza”. La introducción de especies procedentes de granjas en el medio (debido al bajo número de ejemplares disponibles para cazar) puede afectar negativamente tanto a las silvestres como a otras especies (por introducción de parásitos nuevos o incluso problemas genéticos por la hibridación de ejemplares silvestres con los de granja); el efecto que tienen sobre el control de depredadores (caza de zorros, lobos, meloncillos, etc) es devastador, pues sin que haya evidencia científica de qué depredadores actúan como limitantes de las especies de caza menor, se realiza una matanza sin fin de todas aquellas especies que consideran que compiten con los propios cazadores en la obtención de presas. Un dato tan escalofriante es por ejemplo el que casi la mitad de las muertes no naturales de águilas imperiales ibéricas (Aquila adalberti) registradas en España en el periodo 1989-2004 estaban asociadas con el “control de depredadores” que este colectivo realiza. Para AGADEN-EA, el hecho de que este colectivo sea incluido en programas de conservación parece responder más a un lavado de cara y un intento de las administraciones de contar con “el enemigo” de su lado.

El desarrollo de la actividad cinegética puede producir por sí mismo efectos directos e indirectos en otras especies presentes, ya que está asociada a ruido (disparos) y a presencia de humanos y perros, así como afectar directamente al medio; por ejemplo, con el uso de plomo en la munición. Cada temporada en España se dejan miles de toneladas de perdigones acumulados en los cotos; los que no alcanzan su objetivo tardan en degradarse más de 300 años, prologando su efecto tóxico. Estudios científicos indican que la ingestión de plomo mata unas 60.000 aves al año, no solo de forma directa por la ingesta, sino también las rapaces que se intoxican al cazar presas con restos de munición.

Otra de las falacias empleadas para el apoyo es la supuesta función social que cumplen como único sustento de las zonas rurales o el hecho de que la caza asienta población en zonas deprimidas; si este argumento fuese cierto, no se daría el éxodo rural que padece el campo. Solo hay que leer el informe “El medio rural y su vertebración social y territorial” del Consejo Económico y Social de España, para comprobar que la actividad de mayor peso en el medio rural es el sector agrario. Siendo evidente que la caza obstaculiza y pone trabas a otras actividades que se desarrollan en el medio natural, hay que destacar también que las actividades de autoconsumo ambiental, uso recreativo y conservación de la biodiversidad amenazada son más rentables que la caza en términos económicos.

La caza viene provocando numerosas situaciones que atentan contra derechos básicos recogidos en la Constitución (como la libre circulación y el derecho a la disfrutar del medio ambiente): corte de caminos públicos, cauces o de vías pecuarias, impedir que la caza sea aprovechamiento preferente en montes públicos e incluso en espacios protegidos (hecho que estamos ya encontrando en el Parque Natural de los Alcornocales). Los múltiples accidentes que suceden cada año por no respetar zonas y distancia de seguridad cuando se caza o los cortes ilegales de caminos que provocan accidentes a ciclistas, senderistas y demás, son otra de las secuelas funestas de la caza.

El maltrato animal que rodea a esta actividad en cuanto al abandono de más de 50.000 galgos después de las temporadas de caza, o en el peor de los casos, las muertes porque ya no sirven, o por quedar heridos después de una montería; las modalidades de tiro al pichón de codornices y palomas, las muertes de perros y gatos errantes que aparezcan en un coto y un largo etc., son otra de las razones por la que la caza es éticamente repudiable.

Si nos fijáramos en los más de 7 millones de hectáreas (indicadas en la propuesta) que ocupan el territorio andaluz como terrenos de caza, nos encontramos que estamos dejando la gestión de una gran cantidad de terreno natural y por tanto de una buena parte de la biodiversidad andaluza en manos de un colectivo que no vela en absoluto por la protección de la biodiversidad y el medio ambiente.

En cuanto al silvestrismo, AGADEN-EA ve totalmente absurdo y una pataleta que sigan queriendo sacar votos con este tema. La Unión Europea dio en el 2018 ultimátum para acabar con esta práctica que es declarada ilegal y que no se ajusta a normativa (Directiva de Aves); ya es la segunda advertencia y si se continúa, el Estado estaría a las puertas del Tribunal de Justicia de la UE. Es inaudito que el PSOE y otros grupos se aferren en defender una práctica ilegal.

España autorizó entre 2013 y 2018 la captura de 1.731.861 de fringílidos como el jilguero, el pardillo común, el serín verdecillo, el pinzón vulgar, el verderón común, el serín canario o el jilguero lúgano especies cuyas poblaciones están en declive.

Sin duda, compatibilizar nuestro patrimonio cultural con la conservación de nuestro patrimonio natural es clave. Sin embargo, es preciso ponderar cuándo una tradición supone un menoscabo a nuestro capital natural. En el siglo XXI todos debemos ser conscientes de los riesgos sociales que conlleva la pérdida de biodiversidad. Atendiendo al conocimiento científico y al cumpliendo con la normativa aplicable esta práctica del silvestrismo es ilegal y debe desaparecer.