El 68 por ciento de los catalanes cree que los 'correbous' deberían suprimirse.

EP, 6 marzo 2012

   Igualmente, los hombres se muestran más a favor del blindaje --un 33,1 por ciento--, en una distribución en la que también el 35,3 por ciento de los encuestados en Tarragona se declara favorable a la ley aprobada en octubre de 2010.

   La presidenta de Adda, Carmen Méndez, ha deplorado que la buena noticia que a su entender supuso la prohibición catalana de las corridas de toros se haya empañado con el blindaje en paralelo de los 'correbous', en un proceso "opaco" que no permitió a las entidades animalistas ofrecer su parecer, como sí sucedió en el caso del toreo.

   El vicepresidente de la entidad, Manel Cases, ha señalado por su parte que Adda está abierta a "tolerar" ciertas modalidades de 'correbous', al entender que cuentan con una amplia tradición en localidades del sur de Tarragona, pero ha mantenido que en los toros embolados o enlazados es innegable que existe maltrato y crueldad.

REGLAMENTO EN ELABORACIÓN

   Los resultados de la encuesta coinciden en el tiempo con la elaboración del nuevo reglamento que debe desarrollar la ley de 2010, y que según un borrador de trabajo filtrado apunta a que se eliminará el límite temporal necesario para solicitar la celebración de nuevos 'correbous'.

   Adda ha reclamado que, antes de desarrollar dicho reglamento, se apruebe el referido a la ley de protección de los animales de 2003, todavía pendiente, y ha defendido que con la aplicación de dicha ley ya no era necesario realizar ninguna norma específica.

   "Los animales no deberían ser utilizados por diversión", ha señalado Méndez, que ha considerado que el respaldo popular a este tipo de festejos en zonas del sur de Tarragona se debe a una falta de pedagogía, por lo que ha animado a la ciudadanía a dejar de lado este tipo de tradiciones.

   En paralelo, otras entidades animalistas como Actyma, AnimaNaturalista y el partido político Pacma han presentado una decena de denuncias contra 'correbous' celebrados en la última temporada, si bien hasta la fecha todas ellas han sido archivadas, pese a ir acompañadas de vídeos y fotografías que probarían el supuesto maltrato prohibido por ley.

   La ley aprobada en 2010 por los votos de todos los grupos parlamentarios a excepción de ICV-EUiA sirvió para blindar este tipo de festejos en los 34 municipios y dos entidades municipales descentralizadas donde se consideraba que constituían una tradición --26 en Terres de l'Ebre, cuatro en Girona y dos más en Tarragona, Cataluña Central y Barcelona--.