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El gran simio seguirá sin derechos.
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ADN, Ciudadanos, 20 enero 2009.
El gran simio seguirá sin derechos.
El Gobierno elude aplicar la proposición no de ley de 2008 que aprobó su propio partido y que le instaba a apoyar el Proyecto Gran Simio y a ofrecer una protección jurídica superior a los grandes monos | Los grupos impulsores de la iniciativa creen que seguirá el camino de su predecesora de 2006 y se convertirá en papel mojado.
El Gobierno ha superado en dos meses el plazo para adherirse al Proyecto Gran Simio (PGS), una iniciativa que apareció en el Congreso hace casi tres años y que desde entonces ha tenido un desarrollo parlamentario abrupto, polémico y prolongado.
El PGS es una organización internacional de científicos que defiende que los grandes simios pueden razonar e incluso ser conscientes de su existencia, lo que les haría acreedores de ciertos derechos inalienables, como el derecho a la vida, a la libertad individual y a la prohibición de su tortura.
En abril de 2006, el Grupo Socialista presentó una proposición no de ley ante el Congreso que pretendía otorgar unos derechos incipientes a los grandes simios y protegerlos frente a amenazas como el tráfico ilegal, la experimentación y la explotación. Se trataba, según los impulsores de la inicativa, de otorgar a estos primates una defensa superior al resto de animales por su cercanía genética y evolutiva con los humanos.
Pedro Pozas, director ejecutivo del Proyecto Gran Simio, resume la propuesta como el intento de poner "un poco de sentido común en nuestra ley" al reconocer a los grandes simios "unos pocos derechos que los acerquen tanto a nosotros como ya lo están en la escala evolutiva"
La iniciativa contó desde el principio con el apoyo de numerosas organizaciones internacionales, que vieron en España un país pionero en la protección de estos homínidos. Pero también tuvo que soportar numerosos ataques por parte de la oposición y varios grupos de comunicación que la consideraron como una frivolidad impropia de un país avanzado.
"El Gobierno se asustó ante el revuelo político y mediático y decidió congelar temporalmente la medida", explica Francisco Garrido, impulsor de la proposición no de ley desde el Grupo Parlamentario Socialista. Pero la proposición se congeló hasta tal punto, que cayó en el olvido y desapareció con la legislatura. "Creo que era más una política de marketing que un compromiso real", dice el ex diputado socialista.
Nuevo intento
Pasadas las elecciones generales, Iniciativa per Cataluña - El Verds (ICV), volvió a presentar una proposición no de ley, que fue aprobada en la Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca en junio de 2008 con los votos del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Ezquerra Republicana de Catalunya (ERC) e ICV.
El nuevo texto instaba al Gobierno a adherirse al PGS en el plazo de cuatro meses, a modificar la legislación para que recogiera los derechos de los grandes simios en un plazo no superior a un año y a impulsar en los foros internacionales los proyectos de defensa de estos homínidos. Han transcurrido casi siete meses desde la aprobación de la proposición no de ley y el Gobierno no se ha adherido al PGS ni ha iniciado ningún proceso de reforma legal.
La semana pasada, Joan Herrera, diputado por ICV, realizó una pregunta parlamentaria en la que solicitaba explicaciones al Ejecutivo por el retraso en la adhesión al PGS y manifestaba su preocupación porque la iniciativa volviera a "correr la misma suerte que en la legislatura anterior".
"Creo que todavía no han entendido la concepción misma de la proposición no de ley", explica Herrera a ADN.es. "No es cuestión de recursos, sino de voluntad política".El diputado de ICV se mostró dispuesto a preguntar una y otra vez, e incluso, a "sacar los colores" al Gobierno para que la iniciativa no entre en vía muerta.
Confusión política y mediática
En el mismo sentido se manifiestan desde la Asociación Parlamentaria en Defensa de los Derechos de los Animales (APDDA), una organización compuesta por parlamentarios y ex parlamentarios preocupados por el bienestar animal, y que lamentan la confusión política y mediática que se ha creado en torno a este asunto. "Parece como si el Gobierno ya hubiera cumplido su compromiso al presentar y aprobar la proposición no de ley, pero no es así: ahora debe cumplirla", explica una portavoz de la APDDA.
Más optimista se muestra Francisco Garrido, hoy fuera del Congreso, quien cree que los retrasos en el cumplimiento de las proposiciones no de ley son habituales y no deberían ser motivo de excesiva preocupación. "Además, la adhesión es sólo un aspecto simbólico y lo que de verdad importa es el cambio en la legislación -explica-. El Gobierno tiene la oportunidad de incluir las medidas de protección del gran simio en la reforma del Código Penal prevista para esta legislatura". De este modo, e inmersas en una reforma más amplia, serían aprobadas sin demasiados problemas, según el ex diputado.
Asimismo, Garrido quita importancia a la posibilidad de que el revuelo mediático vuelva a detener el apoyo al PGS: "En 2006 dijeron que el Gobierno se preocupaba más de los monos que de los etarras, y en la situación actual de crisis dirán que se preocupa más de los monos que de los parados, pero es un argumento falaz, porque no hay que dejar de hacer todas las cosas pequeñas por las grandes".
El gran simio seguirá sin derechos.
El Gobierno elude aplicar la proposición no de ley de 2008 que aprobó su propio partido y que le instaba a apoyar el Proyecto Gran Simio y a ofrecer una protección jurídica superior a los grandes monos | Los grupos impulsores de la iniciativa creen que seguirá el camino de su predecesora de 2006 y se convertirá en papel mojado.
El Gobierno ha superado en dos meses el plazo para adherirse al Proyecto Gran Simio (PGS), una iniciativa que apareció en el Congreso hace casi tres años y que desde entonces ha tenido un desarrollo parlamentario abrupto, polémico y prolongado.
El PGS es una organización internacional de científicos que defiende que los grandes simios pueden razonar e incluso ser conscientes de su existencia, lo que les haría acreedores de ciertos derechos inalienables, como el derecho a la vida, a la libertad individual y a la prohibición de su tortura.
En abril de 2006, el Grupo Socialista presentó una proposición no de ley ante el Congreso que pretendía otorgar unos derechos incipientes a los grandes simios y protegerlos frente a amenazas como el tráfico ilegal, la experimentación y la explotación. Se trataba, según los impulsores de la inicativa, de otorgar a estos primates una defensa superior al resto de animales por su cercanía genética y evolutiva con los humanos.
Pedro Pozas, director ejecutivo del Proyecto Gran Simio, resume la propuesta como el intento de poner "un poco de sentido común en nuestra ley" al reconocer a los grandes simios "unos pocos derechos que los acerquen tanto a nosotros como ya lo están en la escala evolutiva"
La iniciativa contó desde el principio con el apoyo de numerosas organizaciones internacionales, que vieron en España un país pionero en la protección de estos homínidos. Pero también tuvo que soportar numerosos ataques por parte de la oposición y varios grupos de comunicación que la consideraron como una frivolidad impropia de un país avanzado.
"El Gobierno se asustó ante el revuelo político y mediático y decidió congelar temporalmente la medida", explica Francisco Garrido, impulsor de la proposición no de ley desde el Grupo Parlamentario Socialista. Pero la proposición se congeló hasta tal punto, que cayó en el olvido y desapareció con la legislatura. "Creo que era más una política de marketing que un compromiso real", dice el ex diputado socialista.
Nuevo intento
Pasadas las elecciones generales, Iniciativa per Cataluña - El Verds (ICV), volvió a presentar una proposición no de ley, que fue aprobada en la Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca en junio de 2008 con los votos del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Ezquerra Republicana de Catalunya (ERC) e ICV.
El nuevo texto instaba al Gobierno a adherirse al PGS en el plazo de cuatro meses, a modificar la legislación para que recogiera los derechos de los grandes simios en un plazo no superior a un año y a impulsar en los foros internacionales los proyectos de defensa de estos homínidos. Han transcurrido casi siete meses desde la aprobación de la proposición no de ley y el Gobierno no se ha adherido al PGS ni ha iniciado ningún proceso de reforma legal.
La semana pasada, Joan Herrera, diputado por ICV, realizó una pregunta parlamentaria en la que solicitaba explicaciones al Ejecutivo por el retraso en la adhesión al PGS y manifestaba su preocupación porque la iniciativa volviera a "correr la misma suerte que en la legislatura anterior".
"Creo que todavía no han entendido la concepción misma de la proposición no de ley", explica Herrera a ADN.es. "No es cuestión de recursos, sino de voluntad política".El diputado de ICV se mostró dispuesto a preguntar una y otra vez, e incluso, a "sacar los colores" al Gobierno para que la iniciativa no entre en vía muerta.
Confusión política y mediática
En el mismo sentido se manifiestan desde la Asociación Parlamentaria en Defensa de los Derechos de los Animales (APDDA), una organización compuesta por parlamentarios y ex parlamentarios preocupados por el bienestar animal, y que lamentan la confusión política y mediática que se ha creado en torno a este asunto. "Parece como si el Gobierno ya hubiera cumplido su compromiso al presentar y aprobar la proposición no de ley, pero no es así: ahora debe cumplirla", explica una portavoz de la APDDA.
Más optimista se muestra Francisco Garrido, hoy fuera del Congreso, quien cree que los retrasos en el cumplimiento de las proposiciones no de ley son habituales y no deberían ser motivo de excesiva preocupación. "Además, la adhesión es sólo un aspecto simbólico y lo que de verdad importa es el cambio en la legislación -explica-. El Gobierno tiene la oportunidad de incluir las medidas de protección del gran simio en la reforma del Código Penal prevista para esta legislatura". De este modo, e inmersas en una reforma más amplia, serían aprobadas sin demasiados problemas, según el ex diputado.
Asimismo, Garrido quita importancia a la posibilidad de que el revuelo mediático vuelva a detener el apoyo al PGS: "En 2006 dijeron que el Gobierno se preocupaba más de los monos que de los etarras, y en la situación actual de crisis dirán que se preocupa más de los monos que de los parados, pero es un argumento falaz, porque no hay que dejar de hacer todas las cosas pequeñas por las grandes".
