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El juez ve indicios de atentado en la protesta por la perrera de Puerto Real, que acabó en altercados.

archivado en:
La Voz digital, 30 Octubre 2008.
El juez de Instrucción del número 2 de Cádiz ha cerrado la investigación judicial por los altercados ocurridos durante la festividad de la patrona de la capital del año pasado, en la que un grupo de personas se congregó en la puerta de la iglesia de Santo Domingo para pedir el cierre de la perrera El Refugio de Puerto Real, donde se descubrió que los animales eran sacrificados por métodos muy dolorosos. La protesta, que pretendía llegar a la Corporación municipal que en ese momento estaba en el interior del templo, se saldó con tres detenidos por supuestas agresiones a ediles, entre los que estaba la propia alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, que fue escoltada por un cordón policial.

La instrucción ha concluido sin que los imputados, un matrimonio italiano y una vecina de Cádiz, hayan podido librarse de los cargos que les imputan porque el juez considera que existen indicios para dirigir contra ellos una acusación por tres delitos -atentado, resistencia y desórdenes públicos- y dos faltas de lesiones y malos tratos.

A prisión

El ciudadano italiano Simone Righi estuvo dos meses en prisión hasta que un recurso de su letrado, que pedía una rebaja de la fianza inicial de 9.000 euros impuesta por el juez, le permitió salir a la calle. Su pareja, Jo Fiori, que había quedado en libertad con cargos, reunió apoyos e incluso contactó con la Embajada de Italia para que su marido pudiera abandonar Puerto II. La tercera imputada, Isabel Somoscarrera, abonó otros 3.000 euros para eludir la cárcel.

El auto que pone fin a la fase de instrucción y convierte las diligencias previas en procedimiento abreviado señala que Simone Righi «atravesó el cordón de seguridad de los escoltas de la alcaldesa para agredir a la misma, siendo interceptado por uno de los agentes al que el imputado propinó un golpe en el antebrazo derecho para apartarle». Así, el juez considera que existen indicios para sostener que el italiano trató de golpear a la primera edil, pese a que la defensa ha aportado testimonios que niegan esa intención.

La participación de Isabel Somoscarrera, según el auto judicial, se desarrolla tanto en el interior del templo como en la calle. El juez sitúa a esta gaditana junto al resto de manifestantes cuando la protesta se trasladó desde San Juan de Dios hasta las puertas de Santo Domingo. «Al llegar a las inmediaciones de la iglesia (...) se introdujo en el templo, dirigiéndose a continuación a la alcaldesa calificándola de hija de p., asesina y criminal». El instructor también la responsabiliza de haber propinado un puñetazo a la concejala del Partido Popular, Carmen Obregón, «causándole lesiones» que necesitaron asistencia médica.

La implicación de la pareja sentimental de Simone Righi, a juicio del instructor, consistió en auxiliar a su marido cuando iba a ser detenido, dificultando la labor de los agentes y agrediendo a tres policías para evitar el arresto. Los dos habían participado en la protesta tras haber perdido dos perros que sacrificaron sin su consentimiento en El Refugio.

La defensa de la pareja va a recurrir el auto porque siguen insistiendo que sus clientes no quisieron en ningún momento agredir a los ediles y que tan sólo se produjo una protesta acalorada donde se lanzaron insultos generales que no iban dirigidos a ninguna persona en concreto, sino que se habían lanzado en el contexto de una protesta. La alcaldesa de Cádiz tuvo que prestar declaración y acudir a la comisaría para identificar a los imputados.

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