Exigen el cese inmediato de la cacería de perros abandonados en Punta Umbría

andaluciainformacion.huelva, 4 febrero 2013

Paralelamente a estos escritos, el Observatorio ha abierto a través de la plataforma digital Change.org una recogida de firmas en contra de esta cacería de perros, que en menos de 48 horas ronda las 10.000 firmas de ciudadanos que quieren mostrar su indignación frente a esta situación, y que serán entregadas hoy al Alcalde de Punta Umbría.

La caza de perros abandonados como  medida de control de las poblaciones caninas es a todas luces una medida  desproporcionada y evitable, por tanto innecesaria y, por ello, no ajustada a Derecho. Contraviene  la Ley 11/2003, de 24 de noviembre, de Protección de los Animales de Andalucía, para la cual atentar contra la vida de los  animales domésticos y llevar a cabo sacrificios no conformes a lo establecido en la ley constituyen infracciones muy graves que podrían acarrear sanciones que pueden alcanzar cada una, y por perro abatido, los 30.000 euros.

Entre los cuerpos de los perros abatidos y encontrados por los voluntarios de protectoras de animales locales que se personaron durante el fin de semana por la zona, y que sin medios lograron rescatar 14 de los perros con sus propias manos, se comprobó que uno de los animales abatidos era de tamaño pequeño y de apenas 6 kilos de peso, por lo que en ningún caso se puede justificar la cacería de estos perros alegando alarma social o que se trata de animales salvajes peligrosos capaces de devorar a 2 caballos. La realidad de los hechos muestra que tan sólo se trataba de un grupo de perros abandonados a su suerte y de tamaño mediano-pequeño y que, ante la situación de desamparo y abandono en la que se encuentran, lo esperable y exigible a la Administración Local, por imperativo legal y ético, es capturarlos humanitariamente para  trasladarlos a un albergue de animales donde se les pueda atender y, en su momento, tras constatar que no han sido perdidos por sus responsables, puedan ser dados en adopción. Eso es lo que se hace en los países civilizados.

Cabe indicar que en este mismo sentido se ha pronunciado ya la OIE (Organización Mundial de Sanidad Animal), máxima autoridad mundial en materia de sanidad animal, que ha establecido en un exhaustivo documento los principios que deben regir los procedimientos de control de poblaciones de  perros vagabundos y en el que, a modo de resumen, cabe destacar que esta organización, de la que España es miembro, considera indispensable controlar las poblaciones caninas sin causar a los animales sufrimientos innecesarios o fácilmente evitables.

Desde el Observatorio Justicia y Defensa Animal mostramos nuestro más enérgico y tajante recazo a este tipo de actuaciones que en pleno 2013 resultan innecesarias,  inaceptables y fácilmente evitables.  En un país moderno, miembro de la Unión Europea, en el que existen y están en vigor leyes de protección animal, no puede ser que la respuesta a una situación de abandono y desamparo sea la eliminación a tiros de los perros afectados. Las Administraciones deben asumir un papel activo en programas efectivos de esterilización de animales, control y registro efectivo de la cría indiscriminada de cachorros, control efectivo de los perros usados en rehalas y, sobre todo, qué destino se les da a esos animales cuando dejan de serles útiles a los cazadores. También deben promover medidas como la aprobación, en colaboración con las protectoras locales, de iniciativas para la difusión de las adopciones de animales y la lucha contra el maltrato y el abandono de animales, que por desgracia sigue siendo la asignatura pendiente de este país.