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España. Desarticulada red de comercio ilegal de aves amenazadas.
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Qué.es, 28 mayo 2009
El Fiscal de Medio Ambiente informa al Fiscal General de la 'Operación Rapiña' contra una red ilegal de comercio de aves.
La Policía y la Guardia Civil recuperaron el 12 de mayo más 120 aves amenazadas que se iban a vender a 7.000 euros cada una
MADRID/OVIEDO, 28 (EUROPA PRESS)
El Fiscal coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo, Antonio Vercher Noguera, remitió hoy un informe al Fiscal General del Estado sobre la 'Operación Rapiña' que evitó el pasado 12 de mayo que una red de comercio ilegal de especies amenazadas realizara un expolio inminente de nidos de Águila Imperial Ibérica y de otras especies de aves amenazadas.
En Asturias, una persona con domicilio en la localidad de Mieres (Asturias) ha sido imputada por inducir al expolio de ejemplares de Halcón peregrino.
La operación se saldó con la detención de cuatro personas en cuatro comunidades autónomas (Andalucía, Madrid, Asturias y Castilla y León) por presuntos delitos relativos a la protección de la fauna y falsificación de documentos, así como la imputación de otras cinco más.
En su informe, el fiscal Vercher destaca la operación por se la primera ocasión en que unidades del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil trabajan juntas en el ámbito de la protección del medio ambiente y califica la acción de "éxito sin precedentes" ya que se pudo desarticular una organización dedicada al expolio de especimenes de aves autóctonas en situación de riesgo por subsistencia.
También, valora el "destacable ambiente total de colaboración, compañerismo y cordialidad" con que se realizaron los trabajos porque generó un "eficaz ambiente" que pronostica "tendrá continuidad en el tiempo", con otros casos que requieran una coordinación como la de esta ocasión, en la que las diligencias se encarga el juzgado de instrucción número 4 de Zaragoza.
El fiscal de medio Ambiente, informa que la 'Operación Rapiña' comenzó en 2007 a requerimiento de INTERPOL Holanda, después de que se adquiriera gran cantidad de información que apuntaba a la existencia de una organización delictiva dedicada al tráfico ilícito de especies protegidas, y concretamente de aves rapaces que se extraían del medio natural en España y cuyo destino eran otros países de la Unión Europea. En ese sentido, indicó en su informe que los supuestos autores de estos hechos confesaron en su declaración que los animales tenían un precio de unos 7.000 euros por ejemplar.
Asimismo, íntimamente relacionado a la investigación, la sección del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil de Valladolid arrojó la primera persona imputada y logró la recuperación de dos ejemplares de halcón peregrino que tenían documentación irregular, ya que no coincidían los números de los documentos con los de las anillas o la edad que figuraba en el papel con el plumaje de primera año de vida que presentaba el espécimen.
El titular de la Fiscalía de Medio Ambiente, añade en su informe que los hechos investigados se concretan en varios supuestos; a saber, control y expolio de los nidos, captura durante su migración, comercio de huevos y pollos y documentación fraudulenta de aves rapaces para simular legal tenencia de éstas, y estructura organizada para cometer los diferentes ilícitos.
Todos estos supuestos podrían ser encuadrados dentro de los delitos previstos en el vigente Código Penal relativos a la protección de la flora, fauna y animales domésticos, así como a los previstos por la Ley de Represión del Contrabando, y a los protegidos por el Convenio CITES.
La presunta organización delictiva se estructuraba en dos niveles, el primero se dedicaba al expolio de huevos, pollos o captura de ejemplares adultos y el segundo recepcionaba los especimenes de los anteriores para venderlos en el mercado nacional e internacional. Asimismo, también efectuaban alteraciones irregulares de los documentos oficiales que simulaban la tenencia legal de estos animales, así como de las anillas identificativas de los mismos.
Concretamente, el primer nivel actuaba en Málaga, Salamanca y León, donde se recuperaron 20 aves rapaces, siete aves vivos y dos muertos, y otros 5 especimenes respectivamente. El segundo nivel actuaba en Madrid (4 pollos vivos y uno muerto), Asturias, Palencia y Zaragoza (más de 100 aves de diferentes especies).
Por otro lado, el documento señala que los hechos se constataron mediante intervenciones telefónicas y se detectó que los implicados tenían implantadas grandes medidas de seguridad en sus comunicaciones. "Procuraban hablar poco y siempre utilizando códigos convenidos para referirse a las especies de aves, los lugares donde iban a realizar la acción del expolio y el precio de las mismas, además del continuo cambio de tarjetas telefónicas de prepago (se jactaban de tener más de cien)", reza el informe.
Finalmente, el fiscal medioambiental señaló que la investigación tuvo que pasar a la fase de intervención práctica por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad el pasado 12 de mayo ante la constancia del inminente expolio de varios nidos de águila imperial ibérica, una especie que goza de los máximos niveles de protección por estar en peligro de extinción.
En el operativo también participaron funcionarios del Servicio Oficial de Inspección, Vigilancia y Regulación del Comercio Exterior (SOIVRE) y técnicos de las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Madrid y Castilla y León.
El Fiscal de Medio Ambiente informa al Fiscal General de la 'Operación Rapiña' contra una red ilegal de comercio de aves.
La Policía y la Guardia Civil recuperaron el 12 de mayo más 120 aves amenazadas que se iban a vender a 7.000 euros cada una
MADRID/OVIEDO, 28 (EUROPA PRESS)
El Fiscal coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo, Antonio Vercher Noguera, remitió hoy un informe al Fiscal General del Estado sobre la 'Operación Rapiña' que evitó el pasado 12 de mayo que una red de comercio ilegal de especies amenazadas realizara un expolio inminente de nidos de Águila Imperial Ibérica y de otras especies de aves amenazadas.
En Asturias, una persona con domicilio en la localidad de Mieres (Asturias) ha sido imputada por inducir al expolio de ejemplares de Halcón peregrino.
La operación se saldó con la detención de cuatro personas en cuatro comunidades autónomas (Andalucía, Madrid, Asturias y Castilla y León) por presuntos delitos relativos a la protección de la fauna y falsificación de documentos, así como la imputación de otras cinco más.
En su informe, el fiscal Vercher destaca la operación por se la primera ocasión en que unidades del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil trabajan juntas en el ámbito de la protección del medio ambiente y califica la acción de "éxito sin precedentes" ya que se pudo desarticular una organización dedicada al expolio de especimenes de aves autóctonas en situación de riesgo por subsistencia.
También, valora el "destacable ambiente total de colaboración, compañerismo y cordialidad" con que se realizaron los trabajos porque generó un "eficaz ambiente" que pronostica "tendrá continuidad en el tiempo", con otros casos que requieran una coordinación como la de esta ocasión, en la que las diligencias se encarga el juzgado de instrucción número 4 de Zaragoza.
El fiscal de medio Ambiente, informa que la 'Operación Rapiña' comenzó en 2007 a requerimiento de INTERPOL Holanda, después de que se adquiriera gran cantidad de información que apuntaba a la existencia de una organización delictiva dedicada al tráfico ilícito de especies protegidas, y concretamente de aves rapaces que se extraían del medio natural en España y cuyo destino eran otros países de la Unión Europea. En ese sentido, indicó en su informe que los supuestos autores de estos hechos confesaron en su declaración que los animales tenían un precio de unos 7.000 euros por ejemplar.
Asimismo, íntimamente relacionado a la investigación, la sección del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil de Valladolid arrojó la primera persona imputada y logró la recuperación de dos ejemplares de halcón peregrino que tenían documentación irregular, ya que no coincidían los números de los documentos con los de las anillas o la edad que figuraba en el papel con el plumaje de primera año de vida que presentaba el espécimen.
El titular de la Fiscalía de Medio Ambiente, añade en su informe que los hechos investigados se concretan en varios supuestos; a saber, control y expolio de los nidos, captura durante su migración, comercio de huevos y pollos y documentación fraudulenta de aves rapaces para simular legal tenencia de éstas, y estructura organizada para cometer los diferentes ilícitos.
Todos estos supuestos podrían ser encuadrados dentro de los delitos previstos en el vigente Código Penal relativos a la protección de la flora, fauna y animales domésticos, así como a los previstos por la Ley de Represión del Contrabando, y a los protegidos por el Convenio CITES.
La presunta organización delictiva se estructuraba en dos niveles, el primero se dedicaba al expolio de huevos, pollos o captura de ejemplares adultos y el segundo recepcionaba los especimenes de los anteriores para venderlos en el mercado nacional e internacional. Asimismo, también efectuaban alteraciones irregulares de los documentos oficiales que simulaban la tenencia legal de estos animales, así como de las anillas identificativas de los mismos.
Concretamente, el primer nivel actuaba en Málaga, Salamanca y León, donde se recuperaron 20 aves rapaces, siete aves vivos y dos muertos, y otros 5 especimenes respectivamente. El segundo nivel actuaba en Madrid (4 pollos vivos y uno muerto), Asturias, Palencia y Zaragoza (más de 100 aves de diferentes especies).
Por otro lado, el documento señala que los hechos se constataron mediante intervenciones telefónicas y se detectó que los implicados tenían implantadas grandes medidas de seguridad en sus comunicaciones. "Procuraban hablar poco y siempre utilizando códigos convenidos para referirse a las especies de aves, los lugares donde iban a realizar la acción del expolio y el precio de las mismas, además del continuo cambio de tarjetas telefónicas de prepago (se jactaban de tener más de cien)", reza el informe.
Finalmente, el fiscal medioambiental señaló que la investigación tuvo que pasar a la fase de intervención práctica por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad el pasado 12 de mayo ante la constancia del inminente expolio de varios nidos de águila imperial ibérica, una especie que goza de los máximos niveles de protección por estar en peligro de extinción.
En el operativo también participaron funcionarios del Servicio Oficial de Inspección, Vigilancia y Regulación del Comercio Exterior (SOIVRE) y técnicos de las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Madrid y Castilla y León.
