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La última morada de Toby.

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El País, 15 Octubre 2008.
La última morada de Toby.
La crisis retrasa la puesta en marcha del cementerio de mascotas de Galicia.
"La mayoría de nuestros clientes son perros grandes, pastores alemanes, o san bernardos de 80 kilos. A veces tenemos que bajarlos de un cuarto piso sin ascensor... Los dueños de perros pequeños no nos llaman casi porque es más fácil, y más discreto, bajar un pequinés a la basura". Hasta 2003, los animales de compañía eran considerados por la ley como residuos sólidos urbanos y se podían echar al contenedor verde. Lo sorprendente era que la gente lo hiciese, y que lo siga haciendo ahora que las leyes (una europea, otra española, otra de la Xunta y algunas municipales) ya no lo permiten. Quién le iba a decir en vida a Toby que su venerado amo lo iba a empaquetar en una bolsa camino de Sogama llegado el postrero día.
Y quién le iba a decir que en Galicia el 80% de las mascotas están condenadas a este destino. Eso dice Felipe Núñez, administrador de Saservi 21, la primera empresa de la comunidad que se encarga de la recogida en todo el territorio, incineración y devolución (si el cliente lo pide) de las cenizas en urna biodegradable de perros, gatos, iguanas, boas, elefantes, tigres o cualquier animal susceptible de ser adoptado por un humano siempre que no sea ganado. Porque el ganado muerto sigue otros cauces.
Las cenizas de un gato quemado a 800 grados ocupan casi nada, "como dos palilleros juntos", explica Miguel Ángel Lamas, delegado comercial de Saservi. La Xunta estima que en Galicia viven 2.400.000 animales domésticos y que entre el 25 y el 30% de los gallegos tienen uno o varios en casa. A la semana mueren más de 1.400 mascotas en la comunidad, y con esto contó Saservi cuando se fundó hace un año. Actualmente, sobre todo gracias a los convenios con 12 ayuntamientos, la firma santiaguesa se hace cargo de unos 30 animales a la semana, una cifra que "crecería sustancialmente si la Xunta hiciese un par de inspecciones, nada más que un par, a clínicas veterinarias".
Todas estas mascotas difuntas son incineradas, y sólo el 8% de los dueños piden cremación individualizada, con el horno "limpio y desinfectado" de restos intrusos. Los demás no quieren para nada las cenizas. Ese 8% serían los potenciales clientes del cementerio de animales, el primero de Galicia y el segundo de España, detrás del de Barcelona, que proyecta construir Saservi en un terreno de "la zona del Deza o de Santiago". "Será muy parecido a los cementerios americanos", sueña en alto Felipe Núñez. Con mucha hierba, y tumbas blancas. Y horno propio, porque bajo la lápida el animal tendrá que estar incinerado. Los empresarios ya han tanteado varias parcelas para hacer su can-posanto, pero "la crisis" va a retrasar sus planes.
El Ayuntamiento de Santiago confirma el dato: la "gran mayoría" de los animales domésticos terminan en la basura. Y casi un 15% de los propietarios de canes y mininos optan por enterrarlos en la finca o en el monte, una costumbre entrañable que también se convirtió en proscrita cuando las vacas locas. Sin embargo, con contadas excepciones como la de A Coruña, los ayuntamientos gallegos no han multado nunca a nadie por hacerle una sepultura a Simba bajo el pino manso del abuelo. La mayoría de los animales siguen sin llevar microchip, con lo cual es imposible vincularlos a un dueño cuando aparecen en la cinta transportadora de la planta de basuras. En otras ocasiones, el chip es extraído de la piel de la nuca y reutilizado en el próximo can de la casa. "Por eso te encuentras con perros de 30 años y cachorros que oficialmente ya han cumplido los 12", protesta Lamas.
Según él, "muchas clinicas veterinarias tienen el libro de defunciones obligatorio en blanco para tapar la maniobra. Le ponen la inyección al perro y luego se lo devuelven al dueño para que éste haga lo que quiera". Otras, dicen, llevan a los perros a alguno de los cuatro "hornos ilegales" que hay en la comunidad, donde las incineraciones individuales, las más caras, "sólo cuestan 16 euros". Saservi cobra 200 euros por todo el proceso (70, si la cremación es colectiva y el perro no vuelve a casa), y Núñez asegura que a ellos el horno (legal) de la perrera municipal de A Coruña (gestionado por la empresa Servigal) les cobra los 136 euros por el trabajo. "Los ilegales abaratan el precio porque incineran varias mascotas a un tiempo y luego hacen el reparto entre las urnas mezclándolo todo: 'una cucharada equivale a un gatito y tres, a un gran danés'".


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