Lo que en el reñidero pasa, en el reñidero se queda

A principios de la última década, cuando la Junta de Andalucía elaboraba su Ley de Protección Animal, la Federación Andaluza de Defensores del Gallo Combatiente Español (Fadgce) consiguió que la Administración reconociese la necesidad de fomentar la cría de esta especie autóctona. La Ley 11/2003, vigente hoy, concedió soporte legal a la riña de gallos siempre que se cumplieran dos condicionantes: que su objetivo sea la mejora de la raza y su exportación, y que se realicen en criaderos autorizados con la única asistencia de sus socios. Por eso Andalucía es, junto a Canarias, la única comunidad en la que se siguen celebrando peleas de gallos, una actividad que apenas cuenta con proyección pública pero cuyo seguimiento es extraordinario: la Fadgce presume de sumar 28.000 socios; 9.000 de ellos solo en Cádiz, donde hay 22 peñas en otros tantos municipios.

La normativa, que se terminó de configurar con una resolución de 2004, establece que las riñas no pueden tener la consideración de espectáculo público o actividad recreativa. Y los galleros se aferran a este fundamento para mantener una opacidad total en las peleas. La federación andaluza no admite la presencia de medios de comunicación en los reñideros y esquiva peticiones como la formulada por este periódico hace un mes esgrimiendo su temor a que se dé una "mala imagen" de lo que allí ocurre y que no se valore la "pasión y respeto" que los criadores profesan a las aves, en palabras del presidente de la federación, Basilio Angulo.

Pero hay otra forma de conocer lo que ocurre en las tientas a través de la experiencia del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, que se encarga de la supervisión de este sector. El Seprona critica abiertamente la ambigüedad de la normativa redactada en 2004 y denuncia numerosas irregularidades en los reñideros al tiempo que admite su incapacidad para dar caza, en la mayor parte de los casos, a los infractores.

La unidad de la Benemérita describe un escenario en el que las apuestas son "cuantiosas y generalizadas", donde se provoca un sufrimiento "no justificado" a los gallos sin control veterinario y cuyo objetivo está más dirigido al negocio que a la selección de la raza, tal y como establece la normativa.

En una entrevista celebrada en la Comandancia de la Guardia Civil, agentes del Seprona muestran un documento en el que recogen ejemplos de estas infracciones recopilados durante los últimos años y que fue remitido el año pasado con carácter informativo a la Fiscalía de Medio Ambiente de Cádiz. Los agentes del Seprona que se ocupan de los reñideros sostienen que el principal problema al que se enfrentan es que la resolución de la Junta de Andalucía de 3 de diciembre de 2004 que da cobertura legal a la pelea de gallos fue elaborada contemplando como único interlocutor a la federación de galleros y que, además, ha adquirido rango de ley sin siquiera haber sido publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

En la redacción de esta normativa no se contó, como ejemplo, con el colectivo de veterinarios, que ha constatado por escrito el sufrimiento que experimentan los gallos en las riña y que están en contra de la mutilación de cresta y barbas de los gallos, una práctica que se realiza por motivos estéticos y por tratarse de una parte muy sangrante del animal, un punto débil en las riñas. "Nuestra experiencia es que las peleas no se celebran ni para la mejora de la raza ni para su exportación, que tuvo sus años de esplendor pero que ahora es residual", asevera el sargento Martín.

Los agentes del Seprona admiten que los galleros, tras años de sanciones, cumplen cada vez con mayor exactitud los requisitos administrativos de la normativa de 2004. Señalan que hay infracciones pero que son "difíciles de demostrar" por la organización y opacidad de la que se ha dotado el sector. "Cuando se organiza una inspección en una riña, de la que solo tenemos conocimiento por confidentes, todo el escenario está preparado para evitar las sanciones. Los aguadores [personas que avisan de la presencia policial] se reparten por las inmediaciones del recinto. Nos ponen todo tipo de problemas para realizar nuestro trabajo, ocultan todo lo que les pueda comprometer, como el alcohol o los papeles que demuestran que allí se están cruzando apuestas. Los asistentes utilizan su propia jerga para evitar la infracción. En lugar de hablar de euros, por ejemplo, hablan de puntos, pero las apuestas son generalizadas. Mientras que inspeccionamos un reñidero ellos paran las peleas. No están dispuestos a hacer nada mientras que estamos allí porque las apuestas están paradas", relata un agente mientras muestra denuncias de inspecciones que sí han desvelado irregularidades.

Los agentes de la Guardia Civil también se preguntan cómo es posible que cada año se celebren campeonatos de la modalidad, con altos precios de entrada y premios en metálico, "si hablamos de tientas que tienen como única finalidad la mejora de la raza y la exportación". En el reglamento del evento de 2010, celebrado en Jerez, se establece una cuota de inscripción de 150 euros por gallera para premios que van de 1.500 a 6.000 euros.

Los agentes de la Benemérita se sienten atados de pies y manos para enfrentarse a estas prácticas "irregulares". Por eso han solicitado ayuda a la Junta de Andalucía a fin de realizar inspecciones multidisciplinares en los reñideros, de forma que los efectivos del Seprona estén acompañado por veterinarios que certifiquen el estado de los animales antes y después de las peleas, y también por inspectores de espectáculos públicos que examinen el cumplimiento de la normativa del sector. El Seprona también se han dirigido a la Fiscalía de Medio Ambiente, con el respaldo de un informe del Colegio de Veterinarios, para alertarle sobre las prácticas de las peñas y propiciar un cambio legislativo y la elaboración de un reglamento, como el que regula las corridas de toros.