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Los verdes piden en las Cortes el fin de los festejos taurinos
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Denuncian la falta de una legislación sobre maltrato aplicable en todo el país
Calvo - 18/10/2007 21:43
El toro asustado corre por las calles huyendo de sus propios cuernos en llamas. El miedo a la gente se junta con las quemaduras que le azuzan. Ocurre cada año en varios pueblos de Levante y Aragón en nombre de la tradición. Al otro lado de España, en Tordesillas, también consideran una seña de identidad la persecución y muerte de un toro a lanzazos. El afortunado que descarga el golpe mortal sobre el astado gana el derecho a cortarle los testículos y pasearlos orgulloso por el pueblo.
Cada año cientos de personas tratan de parar esta y otras tradiciones por todo el mapa español. Ayer, por primera vez, su voz entró en el Congreso. Más de 60 asociaciones, apadrinadas por los diputados de los Verdes adscritos al grupo socialista, Francisco Garrido y Joan Oms, reclamaron el reconocimiento legal de los derechos de los animales. Detrás, entre otras reivindicaciones, acabar con las corridas.
Modificar la ley
Concretamente cuatro iniciativas pretenden plasmar su postura. En primer lugar la aprobación de una ley estatal básica de reconocimiento y protección de los derechos de los animales y a consecuencia de ello la reforma del Código Penal para convertir en delito la muerte injustificada, la tortura y el maltrato. Por último, además de la abolición de cualquier espectáculo que incluya maltrato, el reconocimiento constitucional de sus derechos.
La iniciativa responde a un vacío legal que ha sido llenado por las comunidades autónomas de forma desigual (ver recuadro). Respecto al cambio constitucional los organizadores se amparan en la constitución alemana, que incluyó en su texto el reconocimiento.
Los cuatro puntos, recogidos junto a la argumentación en un manifiesto, serán enviados a José Luis Rodríguez Zapatero además de a los ministros de Cultura, Medio Ambiente y Agricultura Ganadería y Pesca. También los grupos parlamentarios, especialmente el socialista, tendrán copia.
Al manifiesto firmado ayer por los grupos ecologistas se sumaron medio centenar de figuras de la cultura. Eduard Punset, Espido Freire, o "Forges fueron algunos de los firmantes". Muchos de ellos incluso estuvieron presentes durante el acto. La periodista Ruth Toledano o los escritores Jorge Riechmann y Lucía Etxebarria se hicieron entre otros eco de los abusos. "La bondad humana no depende de la relación con sus iguales, sino con aquellos que dependen de él", señaló la filósofa Marta Tafalla.
Diputados comprometidos
Además, la cita será el germen de una asociación parlamentaria Pro Derechos de los Animales. Francisco Garrido, también impulsor del Proyecto Gran Simio, destacó la importancia de que la reunión se celebrara en "la casa de todos".
Al mismo tiempo, a poco metros, en el Pleno, se aprobaba la Ley de normas básicas sobre explotación, transporte, experimentación y sacrificio para el cuidado de los animales. El espíritu de la reunión no se contagió al hemiciclo. Joan Herrera portavoz de ICV, la calificó de "parcial, insuficiente, sesgada, incompleta e hipócrita". La sanción máxima por abandono se fija en 600 euros, una nueva señal de lo que el también diputado Joan Oms considera "el fascismo de una especie sobre todas la demás".
Calvo - 18/10/2007 21:43
El toro asustado corre por las calles huyendo de sus propios cuernos en llamas. El miedo a la gente se junta con las quemaduras que le azuzan. Ocurre cada año en varios pueblos de Levante y Aragón en nombre de la tradición. Al otro lado de España, en Tordesillas, también consideran una seña de identidad la persecución y muerte de un toro a lanzazos. El afortunado que descarga el golpe mortal sobre el astado gana el derecho a cortarle los testículos y pasearlos orgulloso por el pueblo.
Cada año cientos de personas tratan de parar esta y otras tradiciones por todo el mapa español. Ayer, por primera vez, su voz entró en el Congreso. Más de 60 asociaciones, apadrinadas por los diputados de los Verdes adscritos al grupo socialista, Francisco Garrido y Joan Oms, reclamaron el reconocimiento legal de los derechos de los animales. Detrás, entre otras reivindicaciones, acabar con las corridas.
Modificar la ley
Concretamente cuatro iniciativas pretenden plasmar su postura. En primer lugar la aprobación de una ley estatal básica de reconocimiento y protección de los derechos de los animales y a consecuencia de ello la reforma del Código Penal para convertir en delito la muerte injustificada, la tortura y el maltrato. Por último, además de la abolición de cualquier espectáculo que incluya maltrato, el reconocimiento constitucional de sus derechos.
La iniciativa responde a un vacío legal que ha sido llenado por las comunidades autónomas de forma desigual (ver recuadro). Respecto al cambio constitucional los organizadores se amparan en la constitución alemana, que incluyó en su texto el reconocimiento.
Los cuatro puntos, recogidos junto a la argumentación en un manifiesto, serán enviados a José Luis Rodríguez Zapatero además de a los ministros de Cultura, Medio Ambiente y Agricultura Ganadería y Pesca. También los grupos parlamentarios, especialmente el socialista, tendrán copia.
Al manifiesto firmado ayer por los grupos ecologistas se sumaron medio centenar de figuras de la cultura. Eduard Punset, Espido Freire, o "Forges fueron algunos de los firmantes". Muchos de ellos incluso estuvieron presentes durante el acto. La periodista Ruth Toledano o los escritores Jorge Riechmann y Lucía Etxebarria se hicieron entre otros eco de los abusos. "La bondad humana no depende de la relación con sus iguales, sino con aquellos que dependen de él", señaló la filósofa Marta Tafalla.
Diputados comprometidos
Además, la cita será el germen de una asociación parlamentaria Pro Derechos de los Animales. Francisco Garrido, también impulsor del Proyecto Gran Simio, destacó la importancia de que la reunión se celebrara en "la casa de todos".
Al mismo tiempo, a poco metros, en el Pleno, se aprobaba la Ley de normas básicas sobre explotación, transporte, experimentación y sacrificio para el cuidado de los animales. El espíritu de la reunión no se contagió al hemiciclo. Joan Herrera portavoz de ICV, la calificó de "parcial, insuficiente, sesgada, incompleta e hipócrita". La sanción máxima por abandono se fija en 600 euros, una nueva señal de lo que el también diputado Joan Oms considera "el fascismo de una especie sobre todas la demás".
