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Más de 300 animales mueren cada año por culpa de venenos en cultivos y cotos de caza

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Es una práctica ilegal y peligrosa, pero todavía hay agricultores y cazadores que se empeñan en utilizar venenos de forma indiscriminada para acabar con los depredadores que atacan sus cultivos o arrebatan sus piezas de caza. Pero no sólo acaban con los animales que les resultan molestos. También diezman especies en peligro de extinción y provocan daños irreparables en el medio natural.






La Consejería de Desarrollo Sostenible elevó el año pasado a la Fiscalía 32 casos de envenenamiento. Es sólo la punta del iceberg del problema, porque las autoridades detectan apenas el 10 por ciento de las infracciones. Se calcula que cada año mueren más de 300 animales en la Región. Dos de cada diez son zorros, y otro 23 por ciento aves rapaces como el búho o el águila perdicera. También caen milanos, patos, tejones, perros y otros animales domésticos, palomas y jabalíes, entre otros.

El problema está ahora algo más controlado que hace varias décadas, cuando los venenos contribuyeron a esquilmar en España especies protegidas como el lince ibérico o el quebrantahuesos. Sin embargo, la situación sigue siendo preocupante, y la Dirección General del Medio Natural ha puesto en marcha una campaña informativa que, bajo el lema Veneno suelto, muerte segura, pretende concienciar de los peligros para animales y personas que encierra esta práctica.

'Es un problema de salud pública, porque los venenos pueden incluso contaminar el agua y el suelo', advierte el consejero de Desarrollo Sostenible, Benito Mercader. Por fortuna, ninguna persona se ha visto afectada por este tipo de sustancias tóxicas en los últimos años, al menos que le conste a la Consejería, pero sí han muerto decenas de perros y otros animales domésticos.

En la mayoría de los casos, los envenenadores salen impunes. A la administración le resulta muy difícil probar quién ha colocado las sustancias. Las penas previstas por el Código Penal van de cuatro meses a dos años de prisión, mientras la legislación autonómica prevé multas de entre 300 y 3.000 euros. Pocas veces las sanciones se hacen efectivas.


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