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Matadero "El Refugio" de Puerto Real. La juez exculpa al administrador y a la directora de la perrera El Refugio.
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Diario de Cádiz, 14 junio 2009
Matadero 'El Refugio'
Entre la plantilla de la perrera de Puerto Real había una consigna: 'perro que entre, perro que se duerme' · Ésta es la historia del primer centro de sacrificios del país que afronta un proceso penal por maltrato
En la plantilla de la perrera puertorrealeña El Refugio existía una consigna no escrita en tablón ni reglamento alguno pero asumida por todos los trabajadores, de la directora al guardián: 'Perro que entre, perro que se duerme'. Centenares de animales entraban cada año en las instalaciones, pocos salían -por la providencia de varias protectoras locales-, y "dormir", en la antigua Verde-6, significaba enfrentarse a la menos plácida de las muertes.
La sustancia empleada para los sacrificios, Mioflex Braun, provocaba en los animales una parálisis progresiva del aparato respiratorio pero no del corazón, por lo que canes y gatos agonizaban durante varios minutos en plena conciencia asfixiándose, como si tuviesen una bolsa invisible en la cabeza aunque sin poder moverse, hasta el final. La investigación judicial sobre el caso, denunciado en junio de 2007, ha concluido ahora con la imputación de los dos veterinarios de El Refugio, Estanislao Cuesta y Roberto Parodi, por un presunto delito continuado de maltrato animal, y con el archivo de la causa -punto recurrido por la acusación- para el administrador del centro, el conocido empresario Plácido Gómez, y la gerente, Manuela Andrade, los dos máximos responsables de la perrera de la vergüenza.
El descubrimiento de la utilización de Mioflex en los sacrificios se produjo en agosto de 2006 por casualidad. La veterinaria de Prodean-Bahía de Cádiz, organización protectora de animales que sacaba perros a destajo de El Refugio desde el verano de 2005, presenció en una visita la muerte de un cocker negro tras un único pinchazo, sin sedantes. El testimonio ha sido valorado como "esencial" en la investigación.
La presidenta de Prodean entre 2004 y 2008, María José Montero, recuerda que la directora de la perrera disculpó aquellos hechos argumentando que el veterinario se acababa de incorporar a la empresa. "Todo había sido un error". Montero, sin embargo, no creyó la versión y desde aquel día se empeñó en conseguir pruebas para demostrar que en El Refugio no se respetaba el protocolo legal de sacrificio de animales. Ella charlaba a menudo con los empleados y se movía con libertad en todas las instalaciones del centro salvo en la restringida zona en la que se practicaban las matanzas.
A principios de 2007, la más poderosa y mediática protectora de animales del país, paradójicamente también llamada El Refugio, entró en escena atraída por los "rumores" en torno a la perrera de Puerto Real, cuya gestión ya había protagonizado episodios oscuros. El presidente de la protectora, Ignacio Paunero, contactó con Prodean y obtuvo las primeras evidencias de los malos tratos y de las pésimas condiciones de habitabilidad de la perrera, también subrayadas en el auto que ahora da por finalizada la investigación judicial. En junio de 2007, con el respaldo de la única testigo acreditada de un sacrificio, la protectora El Refugio denunció las prácticas de la antigua Verde-6 ante el Seprona.
Sólo tres meses después, con la investigación de la Guardia Civil en marcha, un acontecimiento funesto desvela públicamente la barbarie de El Refugio. Simone Righi y Ángela Fiori, una pareja de nacionalidad italiana, dejan a sus tres perras en la guardería de animales que también ofrecía el complejo de Puerto Real. Cuatro días después, regresan al centro y sólo encuentran el cadáver de una de sus mascotas. Las otras dos han sido incineradas por Roberto Parodi, uno de los veterinarios, que denuncia ante la Policía Local que varios desconocidos habían irrumpido en las instalaciones por la noche, habían abierto varias jaulas y habían provocado una gran pelea entre una docena de canes en la que murieron varios. Esta versión, contradicha por diversas pruebas, ha costado a Parodi la imputación por un supuesto delito de denuncia falsa.
El escándalo de los perros que fueron a una guardería y acabaron en la incineradora, publicitado por la protectora El Refugio, elevó les hechos a los medios de comunicación de todo el país y acabó por desvelar los exterminios caninos que se producían en Puerto Real, un caso cargado de pruebas de peso aportadas por las diligencias del Seprona.
La finca de la perrera puertorrealeña, situada en la carretera de Paterna, está rodeada por un césped cuidado. Un pequeño venado camina de aquí para allá en la gran superficie de terreno vacío. Los dueños de la antigua Verde-6 han borrado el logotipo en el que el centro se autocalificaba como "asociación para la protección de animales", y no hay rastro de las actividades que desarrollaban en las instalaciones antes de su clausura por orden judicial en noviembre de 2007. Los que conocieron a fondo la perrera -y así está recogido en la investigación judicial-, recuerdan que sus condiciones eran execrables. Los empleados también lo admitían.
Los perros se hacinaban en una veintena de naves insalubres y pestíferas, en las que las heces se acumulaban y la orina llegaba a fermentar, o bien en jaulas habilitadas para un par de canes de tamaño medio y que llegaban a compartir hasta una docena, "pisoteándose entre ellos", tal y como recoge la instrucción.
Los responsables de la perrera conocían las condiciones de saturación de las instalaciones y los sacrificios eran la forma de liberar espacio. "Las matanzas dependían de los perros que hubiera. Si aparecían Plácido [administrador] y había muchos perros, Manoli [directora] mandaba sacrificar. A veces nos lo decían y nos dábamos patadas para sacar los máximos animales que podíamos. Hubo un día en el que llegamos a sacar hasta 24", recuerda la presidenta de Prodean.
El personal del centro, tal y como queda recogido en la investigación judicial, también clasificaba mal a los canes: las peleas con resultado de muerte eran frecuentes; perras parturientas compartían espacio con animales moribundos y con los que ya estaban en bolsas de basura aguardando su incineración; los cachorros, en unas jaulas infectas, duraban días; los perros enfermos contagiaban a los sanos. Muchos de los que conseguían salir del centro morían a los pocos días en sus hogares de adopción, según denunciaron las protectoras que colaboraban con El Refugio.
Los animales llegaban al matadero de Puerto Real procedentes de al menos quince ayuntamientos, desde la Bahía al Campo de Gibraltar, que tenían contratado el servicio con Gómez. La mayoría pagaba bajos costes, hasta tres veces por debajo de los precios de mercado, que se sitúan en torno a los 150 euros por animal, según un informe elaborado por la Mancomunidad de la Bahía en 2007. Precisamente el bajo precio del Mioflex era la motivación de la perrera para emplear la sustancia en su protocolo de sacrificios. Según los cálculos de la protectora El Refugio, con una inversión de 35 euros en paralizante, el centro podía eliminar una tonelada de animales, que equivale a unos 100 perros de tamaño medio.
En el procedimiento judicial iniciado no se ha podido conocer el número de canes y gatos que murieron bajo los efectos del Mioflex. La jueza ve probado que sólo en 2007 hubo al menos 573 sacrificios, aunque imputa a los veterinarios por haber empleado el paralizante, al menos, entre 2005 y septiembre de 2007. El gerente de la empresa que suministraba Mioflex a El Refugio demostró que el centro compraba el producto desde 2002. Prodean calcula que el centro recibía una media de 100 canes al mes. Es una estimación, porque no existían datos exactos.
La antigua Verde-6 cambió de nombre a finales de los noventa al eufemístico El Refugio. El activista Nacho Paunero subraya que la verdadera miseria de la perrera puertorrealeña era "que pretendía engañar a todo el mundo intentando parecer un sitio donde se protegía a los animales".
Tras el escándalo, ahora pendiente de juicio, los servicios en manos de El Refugio se repartieron en empresas de Rota, Sevilla y Jerez. A principios de 2008, la Mancomunidad de la Bahía, de la mano de Cemabasa -empresa gestora del cementerio mancomunado-, presentó un plan para construir un modélico centro de atención a animales abandonados. El proyecto no ha pasado hoy de ser un proyecto, apunta Francisco Molina, de Prodean, que lamenta que nada haya cambiado a raíz del caso: "Los ayuntamientos siguen quitándose de encima los perros, y las perreras siguen cobrando sin interés por solucionar el problema ni por buscar un plan alternativo a los sacrificios".
Europa Sur, 13 junio 2009
La juez exculpa al administrador y a la directora de la perrera El Refugio
La instructora sólo imputa a los dos veterinarios por un delito de maltrato de animales · En la antigua Verde-6, cuyas condiciones eran pésimas, se sacrificaban perros con "ensañamiento y crueldad"
La perrera El Refugio, la antigua Verde-6, en Puerto Real, sacrificó un mínimo de 573 animales entre 2005 y septiembre de 2007 empleando de forma exclusiva, sin sedación alguna, inyecciones de Mioflex Braun, un poderoso y barato paralizante muscular. La sustancia provocaba en los perros y gatos un bloqueo progresivo del aparato respiratorio pero no del corazón, por lo que los animales, tras el pinchazo, se acercaban agónicamente a su muerte en estado de "plena conciencia y vigilancia". La investigación judicial sobre el caso, desarrollada por la titular del Juzgado número 2 de Puerto Real, concluye que este sistema de eliminación supone un presunto delito continuado de maltrato de animal doméstico. Por los hechos, la juez instructora imputa a los dos veterinarios de El Refugio, Estanislao Cuesta Romero y Roberto Parodi Bendetto, pero archiva la causa para el administrador de la perrera, Plácido Gómez Muñoz, para la directora del centro entre 1989 y 2007, Manuela Andrade Noguera, y para los otros seis empleados que formaban parte de la plantilla de El Refugio puertorrealeño.
En el auto que cierra la investigación, la juez argumenta que el empleo de Mioflex es encuadrable dentro del delito de maltrato animal, no por provocar la muerte -la práctica de la eutanasia es legal-, sino por la agonía desencadenada en el final de las vidas de canes y gatos, "pese a que existe la posibilidad de aplicar sustancias que produzcan la inconsciencia del animal y, por lo tanto, mitiguen el sufrimiento". "El ensañamiento, sinónimo aquí de crueldad, se considera igualmente presente en la conducta de ambos imputados porque se aumenta, deliberadamente, el sufrimiento del animal causándole padecimientos innecesarios para producirle la muerte", argumenta el auto judicial.
Los dos veterinarios de El Refugio, Cuesta y Parodi (éste inhabilitado a raíz del caso), habían admitido el empleo del paralizante muscular para los sacrificios aunque alegaron que los pinchazos se producían después de la muerte, como forma de vencer la rigidez del animal y facilitar su introducción en la incineradora. La instructora desmonta la argumentación: razona, primero, que la utilización post mórtem de Mioflex no tiene sentido porque la sustancia no puede propagarse por el organismo una vez ha cesado la actividad cardiovascular; y añade, como elemento de prueba, el testimonio de una persona que declaró haber presenciado el 11 de agosto de 2006 el sacrificio de un cocker por parte de uno de los veterinarios mediante el empleo exclusivo del letal paralizante.
La perrera puertorrealeña, que prestaba servicio a una docena de municipios, era todo lo contrario a un refugio. El auto judicial reseña que la forma en la que se mantenían las instalaciones, con animales hacinados y mal clasificados, y la falta de servicio de guardia para la prestación de asistencia médica durante los fines de semana y festivos, provocaron el sufrimiento o la muerte de un número indeterminado de animales. Todo, ante la pasividad de los veterinarios, que tenían el deber de actuar, recuerda la juez.
También refleja la instructora el sacrificio a manos de Roberto Parodi de los tres perros propiedad de Simone Righi y Ángela Fiori, una pareja de italianos que dejó sus canes en régimen de guardería en El Refugio y que, varios días después, sólo pudo recoger el cadáver de uno de ellos -los otros dos fueron incinerados-.
Este suceso, y la posterior denuncia de la organización proteccionista nacional El Refugio (que no tiene nada que ver con la antigua Verde-6) ante la Guardia Civil, desvelaron públicamente el escándalo de las matanzas en El Refugio, y fueron el punto de partida en 2007 del primer procedimiento penal en España por maltrato animal en una perrera.
Si en las instalaciones se producía un supuesto delito continuado de maltrato de animales y está demostrado que sus condiciones de gestión eran nefastas, ¿por qué sólo han resultado imputados los dos veterinarios, y no el propietario del centro, o su directora? En el caso específico del tipo penal de maltrato continuado, la juez encargada del caso responde al planteamiento reseñando que no existen elementos suficientes para atribuir el delito a otras personas, máxime cuando no estaban obligados a tener "pleno conocimiento" de los devastadores efectos del Mioflex y carecían de formación específica.
Sobre la falta continuada de maltrato que podría ser atribuible al resto de la plantilla por las malas condiciones de la perrera, la instructora considera que la conducta de los trabajadores era "básicamente omisiva". El tipo omisivo, añade, "requiere la ostentación de una posición de garante por parte del imputado", que es "la que asumen las personas que voluntariamente se ocupan de tareas que implican el deber de actuar: un socorrista, un médico...", y, en el caso instruido, un veterinario. "En relación al resto de trabajadores de El Refugio no se estima que ostentaran esta posición -en sentido técnico jurídico-, excediendo del estricto marco del Derecho Penal el reproche que se les pudiera efectuar", argumenta la juez.
Pese a todo, la titular del Juzgado número 2 de Puerto Real recuerda que el sobreseimiento de la causa contra el propietario y la gerente de El Refugio no les exime de sus posibles responsabilidades civiles, que deberán determinarse con posterioridad.
Los abogados de la protectora El Refugio, con la adhesión del representante legal de la pareja que perdió sus tres mascotas, han recurrido el auto de la juez al considerar que tanto el administrador como la gerente de la perrera conocían a la perfección las irregularidades denunciadas. "Llegaremos donde haga falta para que se castigue a los responsables de esta barbaridad", recalcaron fuentes de la acusación.
Matadero 'El Refugio'
Entre la plantilla de la perrera de Puerto Real había una consigna: 'perro que entre, perro que se duerme' · Ésta es la historia del primer centro de sacrificios del país que afronta un proceso penal por maltrato
En la plantilla de la perrera puertorrealeña El Refugio existía una consigna no escrita en tablón ni reglamento alguno pero asumida por todos los trabajadores, de la directora al guardián: 'Perro que entre, perro que se duerme'. Centenares de animales entraban cada año en las instalaciones, pocos salían -por la providencia de varias protectoras locales-, y "dormir", en la antigua Verde-6, significaba enfrentarse a la menos plácida de las muertes.
La sustancia empleada para los sacrificios, Mioflex Braun, provocaba en los animales una parálisis progresiva del aparato respiratorio pero no del corazón, por lo que canes y gatos agonizaban durante varios minutos en plena conciencia asfixiándose, como si tuviesen una bolsa invisible en la cabeza aunque sin poder moverse, hasta el final. La investigación judicial sobre el caso, denunciado en junio de 2007, ha concluido ahora con la imputación de los dos veterinarios de El Refugio, Estanislao Cuesta y Roberto Parodi, por un presunto delito continuado de maltrato animal, y con el archivo de la causa -punto recurrido por la acusación- para el administrador del centro, el conocido empresario Plácido Gómez, y la gerente, Manuela Andrade, los dos máximos responsables de la perrera de la vergüenza.
El descubrimiento de la utilización de Mioflex en los sacrificios se produjo en agosto de 2006 por casualidad. La veterinaria de Prodean-Bahía de Cádiz, organización protectora de animales que sacaba perros a destajo de El Refugio desde el verano de 2005, presenció en una visita la muerte de un cocker negro tras un único pinchazo, sin sedantes. El testimonio ha sido valorado como "esencial" en la investigación.
La presidenta de Prodean entre 2004 y 2008, María José Montero, recuerda que la directora de la perrera disculpó aquellos hechos argumentando que el veterinario se acababa de incorporar a la empresa. "Todo había sido un error". Montero, sin embargo, no creyó la versión y desde aquel día se empeñó en conseguir pruebas para demostrar que en El Refugio no se respetaba el protocolo legal de sacrificio de animales. Ella charlaba a menudo con los empleados y se movía con libertad en todas las instalaciones del centro salvo en la restringida zona en la que se practicaban las matanzas.
A principios de 2007, la más poderosa y mediática protectora de animales del país, paradójicamente también llamada El Refugio, entró en escena atraída por los "rumores" en torno a la perrera de Puerto Real, cuya gestión ya había protagonizado episodios oscuros. El presidente de la protectora, Ignacio Paunero, contactó con Prodean y obtuvo las primeras evidencias de los malos tratos y de las pésimas condiciones de habitabilidad de la perrera, también subrayadas en el auto que ahora da por finalizada la investigación judicial. En junio de 2007, con el respaldo de la única testigo acreditada de un sacrificio, la protectora El Refugio denunció las prácticas de la antigua Verde-6 ante el Seprona.
Sólo tres meses después, con la investigación de la Guardia Civil en marcha, un acontecimiento funesto desvela públicamente la barbarie de El Refugio. Simone Righi y Ángela Fiori, una pareja de nacionalidad italiana, dejan a sus tres perras en la guardería de animales que también ofrecía el complejo de Puerto Real. Cuatro días después, regresan al centro y sólo encuentran el cadáver de una de sus mascotas. Las otras dos han sido incineradas por Roberto Parodi, uno de los veterinarios, que denuncia ante la Policía Local que varios desconocidos habían irrumpido en las instalaciones por la noche, habían abierto varias jaulas y habían provocado una gran pelea entre una docena de canes en la que murieron varios. Esta versión, contradicha por diversas pruebas, ha costado a Parodi la imputación por un supuesto delito de denuncia falsa.
El escándalo de los perros que fueron a una guardería y acabaron en la incineradora, publicitado por la protectora El Refugio, elevó les hechos a los medios de comunicación de todo el país y acabó por desvelar los exterminios caninos que se producían en Puerto Real, un caso cargado de pruebas de peso aportadas por las diligencias del Seprona.
La finca de la perrera puertorrealeña, situada en la carretera de Paterna, está rodeada por un césped cuidado. Un pequeño venado camina de aquí para allá en la gran superficie de terreno vacío. Los dueños de la antigua Verde-6 han borrado el logotipo en el que el centro se autocalificaba como "asociación para la protección de animales", y no hay rastro de las actividades que desarrollaban en las instalaciones antes de su clausura por orden judicial en noviembre de 2007. Los que conocieron a fondo la perrera -y así está recogido en la investigación judicial-, recuerdan que sus condiciones eran execrables. Los empleados también lo admitían.
Los perros se hacinaban en una veintena de naves insalubres y pestíferas, en las que las heces se acumulaban y la orina llegaba a fermentar, o bien en jaulas habilitadas para un par de canes de tamaño medio y que llegaban a compartir hasta una docena, "pisoteándose entre ellos", tal y como recoge la instrucción.
Los responsables de la perrera conocían las condiciones de saturación de las instalaciones y los sacrificios eran la forma de liberar espacio. "Las matanzas dependían de los perros que hubiera. Si aparecían Plácido [administrador] y había muchos perros, Manoli [directora] mandaba sacrificar. A veces nos lo decían y nos dábamos patadas para sacar los máximos animales que podíamos. Hubo un día en el que llegamos a sacar hasta 24", recuerda la presidenta de Prodean.
El personal del centro, tal y como queda recogido en la investigación judicial, también clasificaba mal a los canes: las peleas con resultado de muerte eran frecuentes; perras parturientas compartían espacio con animales moribundos y con los que ya estaban en bolsas de basura aguardando su incineración; los cachorros, en unas jaulas infectas, duraban días; los perros enfermos contagiaban a los sanos. Muchos de los que conseguían salir del centro morían a los pocos días en sus hogares de adopción, según denunciaron las protectoras que colaboraban con El Refugio.
Los animales llegaban al matadero de Puerto Real procedentes de al menos quince ayuntamientos, desde la Bahía al Campo de Gibraltar, que tenían contratado el servicio con Gómez. La mayoría pagaba bajos costes, hasta tres veces por debajo de los precios de mercado, que se sitúan en torno a los 150 euros por animal, según un informe elaborado por la Mancomunidad de la Bahía en 2007. Precisamente el bajo precio del Mioflex era la motivación de la perrera para emplear la sustancia en su protocolo de sacrificios. Según los cálculos de la protectora El Refugio, con una inversión de 35 euros en paralizante, el centro podía eliminar una tonelada de animales, que equivale a unos 100 perros de tamaño medio.
En el procedimiento judicial iniciado no se ha podido conocer el número de canes y gatos que murieron bajo los efectos del Mioflex. La jueza ve probado que sólo en 2007 hubo al menos 573 sacrificios, aunque imputa a los veterinarios por haber empleado el paralizante, al menos, entre 2005 y septiembre de 2007. El gerente de la empresa que suministraba Mioflex a El Refugio demostró que el centro compraba el producto desde 2002. Prodean calcula que el centro recibía una media de 100 canes al mes. Es una estimación, porque no existían datos exactos.
La antigua Verde-6 cambió de nombre a finales de los noventa al eufemístico El Refugio. El activista Nacho Paunero subraya que la verdadera miseria de la perrera puertorrealeña era "que pretendía engañar a todo el mundo intentando parecer un sitio donde se protegía a los animales".
Tras el escándalo, ahora pendiente de juicio, los servicios en manos de El Refugio se repartieron en empresas de Rota, Sevilla y Jerez. A principios de 2008, la Mancomunidad de la Bahía, de la mano de Cemabasa -empresa gestora del cementerio mancomunado-, presentó un plan para construir un modélico centro de atención a animales abandonados. El proyecto no ha pasado hoy de ser un proyecto, apunta Francisco Molina, de Prodean, que lamenta que nada haya cambiado a raíz del caso: "Los ayuntamientos siguen quitándose de encima los perros, y las perreras siguen cobrando sin interés por solucionar el problema ni por buscar un plan alternativo a los sacrificios".
Europa Sur, 13 junio 2009
La juez exculpa al administrador y a la directora de la perrera El Refugio
La instructora sólo imputa a los dos veterinarios por un delito de maltrato de animales · En la antigua Verde-6, cuyas condiciones eran pésimas, se sacrificaban perros con "ensañamiento y crueldad"
La perrera El Refugio, la antigua Verde-6, en Puerto Real, sacrificó un mínimo de 573 animales entre 2005 y septiembre de 2007 empleando de forma exclusiva, sin sedación alguna, inyecciones de Mioflex Braun, un poderoso y barato paralizante muscular. La sustancia provocaba en los perros y gatos un bloqueo progresivo del aparato respiratorio pero no del corazón, por lo que los animales, tras el pinchazo, se acercaban agónicamente a su muerte en estado de "plena conciencia y vigilancia". La investigación judicial sobre el caso, desarrollada por la titular del Juzgado número 2 de Puerto Real, concluye que este sistema de eliminación supone un presunto delito continuado de maltrato de animal doméstico. Por los hechos, la juez instructora imputa a los dos veterinarios de El Refugio, Estanislao Cuesta Romero y Roberto Parodi Bendetto, pero archiva la causa para el administrador de la perrera, Plácido Gómez Muñoz, para la directora del centro entre 1989 y 2007, Manuela Andrade Noguera, y para los otros seis empleados que formaban parte de la plantilla de El Refugio puertorrealeño.
En el auto que cierra la investigación, la juez argumenta que el empleo de Mioflex es encuadrable dentro del delito de maltrato animal, no por provocar la muerte -la práctica de la eutanasia es legal-, sino por la agonía desencadenada en el final de las vidas de canes y gatos, "pese a que existe la posibilidad de aplicar sustancias que produzcan la inconsciencia del animal y, por lo tanto, mitiguen el sufrimiento". "El ensañamiento, sinónimo aquí de crueldad, se considera igualmente presente en la conducta de ambos imputados porque se aumenta, deliberadamente, el sufrimiento del animal causándole padecimientos innecesarios para producirle la muerte", argumenta el auto judicial.
Los dos veterinarios de El Refugio, Cuesta y Parodi (éste inhabilitado a raíz del caso), habían admitido el empleo del paralizante muscular para los sacrificios aunque alegaron que los pinchazos se producían después de la muerte, como forma de vencer la rigidez del animal y facilitar su introducción en la incineradora. La instructora desmonta la argumentación: razona, primero, que la utilización post mórtem de Mioflex no tiene sentido porque la sustancia no puede propagarse por el organismo una vez ha cesado la actividad cardiovascular; y añade, como elemento de prueba, el testimonio de una persona que declaró haber presenciado el 11 de agosto de 2006 el sacrificio de un cocker por parte de uno de los veterinarios mediante el empleo exclusivo del letal paralizante.
La perrera puertorrealeña, que prestaba servicio a una docena de municipios, era todo lo contrario a un refugio. El auto judicial reseña que la forma en la que se mantenían las instalaciones, con animales hacinados y mal clasificados, y la falta de servicio de guardia para la prestación de asistencia médica durante los fines de semana y festivos, provocaron el sufrimiento o la muerte de un número indeterminado de animales. Todo, ante la pasividad de los veterinarios, que tenían el deber de actuar, recuerda la juez.
También refleja la instructora el sacrificio a manos de Roberto Parodi de los tres perros propiedad de Simone Righi y Ángela Fiori, una pareja de italianos que dejó sus canes en régimen de guardería en El Refugio y que, varios días después, sólo pudo recoger el cadáver de uno de ellos -los otros dos fueron incinerados-.
Este suceso, y la posterior denuncia de la organización proteccionista nacional El Refugio (que no tiene nada que ver con la antigua Verde-6) ante la Guardia Civil, desvelaron públicamente el escándalo de las matanzas en El Refugio, y fueron el punto de partida en 2007 del primer procedimiento penal en España por maltrato animal en una perrera.
Si en las instalaciones se producía un supuesto delito continuado de maltrato de animales y está demostrado que sus condiciones de gestión eran nefastas, ¿por qué sólo han resultado imputados los dos veterinarios, y no el propietario del centro, o su directora? En el caso específico del tipo penal de maltrato continuado, la juez encargada del caso responde al planteamiento reseñando que no existen elementos suficientes para atribuir el delito a otras personas, máxime cuando no estaban obligados a tener "pleno conocimiento" de los devastadores efectos del Mioflex y carecían de formación específica.
Sobre la falta continuada de maltrato que podría ser atribuible al resto de la plantilla por las malas condiciones de la perrera, la instructora considera que la conducta de los trabajadores era "básicamente omisiva". El tipo omisivo, añade, "requiere la ostentación de una posición de garante por parte del imputado", que es "la que asumen las personas que voluntariamente se ocupan de tareas que implican el deber de actuar: un socorrista, un médico...", y, en el caso instruido, un veterinario. "En relación al resto de trabajadores de El Refugio no se estima que ostentaran esta posición -en sentido técnico jurídico-, excediendo del estricto marco del Derecho Penal el reproche que se les pudiera efectuar", argumenta la juez.
Pese a todo, la titular del Juzgado número 2 de Puerto Real recuerda que el sobreseimiento de la causa contra el propietario y la gerente de El Refugio no les exime de sus posibles responsabilidades civiles, que deberán determinarse con posterioridad.
Los abogados de la protectora El Refugio, con la adhesión del representante legal de la pareja que perdió sus tres mascotas, han recurrido el auto de la juez al considerar que tanto el administrador como la gerente de la perrera conocían a la perfección las irregularidades denunciadas. "Llegaremos donde haga falta para que se castigue a los responsables de esta barbaridad", recalcaron fuentes de la acusación.
