NOTA DE PRENSA ASANDA rechaza el acuerdo PP-Vox en materia cinegética por su impacto ambiental, ético, sanitario y jurídico

ASANDA considera que estas propuestas carecen de base científica, vulneran principios elementales del Derecho ambiental, fomentan el maltrato animal y suponen una apropiación ilegítima de un bien común, en detrimento del interés general.

1. Reducción de tasas a la caza: socializar los daños, privatizar los beneficios

La reducción de tasas al sector cinegético constituye un privilegio injustificable para una actividad que genera importantes costes ambientales, sanitarios y sociales. Las tasas no son un castigo, sino una compensación mínima por los impactos que la caza produce sobre el medio natural y que acaba asumiendo el conjunto de la ciudadanía.

Bonificar fiscalmente la caza supone premiar una actividad ambientalmente dañina, mientras se detraen recursos públicos que deberían destinarse a conservación, restauración de ecosistemas y protección de la biodiversidad.

2. Biocontaminación por plomo: contaminación masiva tolerada

La caza continúa vertiendo miles de toneladas de plomo al medio natural mediante el uso de munición, un metal pesado altamente tóxico que persiste durante décadas en suelos y aguas. El plomo provoca intoxicaciones mortales en aves y mamíferos, se bioacumula en la cadena trófica y representa un riesgo cierto para la salud pública.

La tolerancia institucional a esta contaminación contrasta con la creciente evidencia científica y con las recomendaciones europeas para eliminar progresivamente el uso de plomo en la munición.

3. Andalucía y la munición de plomo: una decisión política contra la evidencia

Pese a dichas evidencias, en noviembre de 2025 el Parlamento de Andalucía rechazó una prohibición inmediata del uso de munición de plomo en toda la caza, ante una propuesta de la Comisión Europea para restringir el plomo a nivel comunitario. Esta decisión mantiene el uso de munición tóxica fuera de humedales y zonas sensibles y prolonga innecesariamente una fuente conocida de contaminación ambiental y sufrimiento animal.

4. Tiro al pichón a mano y a tubo: crueldad sin justificación alguna

ASANDA denuncia expresamente la práctica del tiro al pichón a mano y al tubo, modalidades que consisten en liberar aves vivas —generalmente pichones criados en cautividad— para ser abatidas como mero ejercicio recreativo o deportivo.

Estas prácticas:

• Carecen absolutamente de finalidad de gestión ambiental.
• Generan sufrimiento innecesario y evitable.
• Cosifican a los animales como objetos de tiro.
• Normalizan la violencia gratuita sobre seres vivos.

Su mantenimiento es incompatible con cualquier política pública que pretenda presentarse como respetuosa con el bienestar animal.

5. La falacia del “control de poblaciones cinegéticas”

Presentar la caza como herramienta imprescindible para el control de poblaciones es científicamente falso. La sobreabundancia de especies como el jabalí es consecuencia directa del propio modelo cinegético: exterminio histórico de depredadores naturales, sueltas artificiales, alimentación suplementaria y selección genética para aumentar la prolificidad.

La caza no soluciona el problema, lo crea y lo cronifica, para después justificar su propia existencia.

6. La fauna silvestre como res nullius: apropiación privada y expolio de un bien común

Desde el punto de vista jurídico, la fauna silvestre es res nullius, es decir, no pertenece a ningún particular y constituye un bien común de interés general. Este principio implica que los animales silvestres no pueden ser tratados como propiedad privada ni como un recurso disponible para la apropiación exclusiva de un colectivo concreto.

Sin embargo, el modelo cinegético vigente permite que una minoría social —los cazadores— se apropie de facto de ese bien común mediante su destrucción, transformando un patrimonio natural colectivo en un beneficio privado, recreativo o económico. Esta apropiación no se produce mediante un uso compatible con el interés general, sino mediante la eliminación irreversible del bien, lo que constituye un auténtico expolio ambiental legitimado normativamente.

Esta situación genera una grave desigualdad jurídica y social, ya que:

• La mayoría de la ciudadanía, que no practica la caza, es privada del derecho a disfrutar de la fauna viva, mediante su observación, contemplación y coexistencia.
• Se prioriza el interés de una minoría frente al principio constitucional de protección del medio ambiente.
• Se vulnera la función social de los bienes comunes, permitiendo su destrucción en lugar de su conservación para las generaciones presentes y futuras.

Resulta jurídicamente incoherente que aquello que es “de todos” solo pueda ser disfrutado —y además eliminado— por unos pocos, mientras el resto de la sociedad asume los costes ambientales, sanitarios y económicos derivados de la actividad cinegética.

La caza, tal y como está regulada, no es una actividad neutral, sino una excepción histórica al principio de protección de los bienes comunes, sostenida más por presión sectorial que por una justificación legal o científica sólida. Reforzar esa excepción mediante bonificaciones fiscales y apoyo institucional supone agravar una anomalía jurídica incompatible con el Derecho ambiental moderno.

7. Sufrimiento animal y víctimas invisibles

Cada temporada cinegética deja millares de animales heridos que no son cobrados, condenados a agonías prolongadas fuera de cualquier control. A ello se suma el trato sistemáticamente cruel que reciben muchos perros de caza y de rehala, utilizados como herramientas desechables, abandonados o sacrificados cuando dejan de ser útiles.

Conclusión

ASANDA considera que el acuerdo PP-Vox consolida un modelo anacrónico, ideológico y antisocial, que ignora la ciencia, desprecia el bienestar animal y vulnera el derecho del conjunto de la ciudadanía a disfrutar de un patrimonio natural común.

Pedimos:

• La retirada de cualquier bonificación fiscal a la caza.
• Una gestión de la fauna basada en evidencia científica y en el interés general.
• El fin del uso de munición de plomo.
• La eliminación de prácticas crueles sin valor ambiental como el tiro al pichón a mano y a tubo.
• El reconocimiento efectivo de la fauna silvestre como bien común, no como botín de una minoría.

La defensa del medio natural no pasa por matar más, sino por respetar lo que es de todos.