NOTA PRENSA PGS

Proyecto Gran Simio ha elevado una Petición al Parlamento Europeo para que se derogue  el Real Decreto 1333/2006 que regula el destino de especímenes CITES incautados en España, por considerar que infringe la normativa internacional sobre la Convención del Comercio Internacional de especies amenazadas de la Fauna y Flora Silvestre (CITES), ya que en su artículo 8 Apartado Cuatro dice textualmente: "En el caso de que sea imposible o inadecuada la reintroducción del espécimen al medio silvestre, su cesión para su mantenimiento en cautividad o su donación para fines de investigación, o los especímenes padecieran de una enfermedad incurable, crónica o infecciosa, podrá aplicarse la eutanasia y, en su caso, la destrucción del espécimen vegetal."

Según este artículo, en caso de que por ejemplo un chimpancé o un elefante no pudiera ser cedido a un centro colaborador como suelen ser zoológicos o centros privados, podrá ser entregado a un Centro de Experimentación e incluso sacrificarlo. Por lo tanto para esta organización este Real Decreto no protege a las especies en peligro de extinción y solo se usa el CITES en calidad económica, de contrabando, pero no como protección.

Para Proyecto Gran Simio, al no tener ningún centro propio, el Estado deposita las especies decomisadas en zoológicos y centros privados mediante acuerdos previos según establece el artículo cinco del mismo Real Decreto. Si hay alguna inspección a esos zoológicos o centros privados ¿Cómo pueden los inspectores actuar con libre dependencia si ven irregularidades cuando esos mismos centros son depositarios de animales CITES incautados por el Estado, haciendo un favor muchas veces no bien recompensado económicamente? Por otro lado los centros particulares pueden hacer campañas públicas poniendo en evidencia la labor del CITES por no recibir dinero suficiente para su manutención por parte de la Administración ya que los animales incautados son propiedad del Estado.

“Hemos solicitado al Parlamento Europeo que tome medidas para derogar el Real Decreto que permite que especies que están en peligro de extinción, sean sacrificadas sólo por no encontrar un lugar de cesión para su mantenimiento. Esto es una burla al catálogo internacional y nacional de especies en peligro. Solo existe un interés económico de sanción ya que se rige por la Ley de Contrabando, no importando en absoluto el destino y la vida de estos animales que son sustraídos de ecosistemas protegidos. Mientras que la Administración CITES en nuestro país esté bajo el Ministerio de Economía en la Subdirección General de Inspección, Certificación y Asistencia Técnica del Comercio Exterior, los animales incautados o trasladados de un lado a otro, serán tratados como meros objetos económicos, por gente que no son sensibles muchas veces al sufrimiento animal”, ha declarado  Pedro Pozas Terrados, Presidente Internacional y Director Ejecutivo del proyecto Gran Simio en España.

Para Pozas, el CITES y todos los asuntos relacionados con los animales en peligro de extinción, tanto de los de España como del mundo, deberían estar encuadrados en España en una Subdirección General exclusiva de Protección Animal dentro del Ministerio de Medio Ambiente.

El representante del Proyecto Gran Simio se pregunta: ¿Cómo se puede tener la osadía de sancionar a una persona que ha sido descubierta  por tener un animal encuadrado en el CITES sin autorización y qué después por diversas causas ese mismo animal sea sacrificado por el propio Estado? ¿Acaso no es un animal protegido por leyes nacionales e internacionales? ¿No está cometiendo el Estado una Infracción Grave al CITES por abrir una vía de exterminio a especies incautadas y en peligros de extinción?

Por todo ello Proyecto Gran Simio que ha solicitado ya en diversas ocasiones  la derogación inmediata del mencionado Real Decreto 1333/2006 que permite el sacrificio de especies en peligro de extinción y ante el silencio administrativo, ha trasladado al Parlamento Europeo esta grave infracción para que se estudie y en su caso, se tomen medidas para evitar por Ley el sacrificio de animales inocentes que solo son considerados como meros objetos económicos. También se ha solicitado al Parlamento por parte de esta Asociación, que el Estado construya sus propios centros de rescate, sin depender de personas o instituciones particulares.