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Primera condena en España por la muerte de galgos.

El dueño de Campanilla, una galga barcina muy cariñosa, quiso matarla en un paraje de la pequeña localidad de Ciruelos, a 47 kilómetros al noreste de Toledo, una provincia eminentemente galguera. Para cumplir su propósito, ahorcó a la perra pero, no se sabe cómo, Campanilla logró liberarse de la pita y vagó por las calles de este municipio de apenas 700 habitantes hasta que un ciudadano avisó a la Asociación BaasGalgos. El animal sobrevivió porque la cuerda le había provocado un corte en la tráquea, lo que le permitió seguir respirando.
Abc, 6 11 2013
Habría muerto en pocas horas si alguien no la hubiera auxiliado. «Un total de 36 grapas y un mes de curas y cuidados intensivos hicieron el milagro para que ahora disfrute de una vida digna en una maravillosa familia de Francia», recuerda emocionada Beatriz Marlasca, presidenta de la Asociación BaasGalgo, que se fundó en 2009 para luchar contra el abandono y el maltrato del galgo.

En España, se calcula que cerca de 50.000 ejemplares corren esta suerte e incluso sus dueños llegan a matarlos, una vez que termina la temporada de caza o si el animal sufre alguna lesión que no le permite correr. El abandono de galgos sigue siendo habitual en gran parte de España, principalmente en Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha, donde se emplea mucho el galgo para cazar. Sin embargo, en el norte del país no hay casos de abandono ni maltrato; al contrario, las asociaciones de esas comunidades se nutren para sus adopciones de otros galgos recogidos de otras regiones.

Primera condena

El ahorcamiento y el disparo de varios tiros son los métodos crueles utilizados por esos propietarios sin escrúpulos contra sus galgos. Es lo que ocurrió con Caramelo, encontrado en 2012 cosido a perdigones y abandonado en un olivar de la localidad toledana de Fuensalida. Se le consiguió salvar la vida, pero perdió una pata por una gravísima infección que sufría. Aunque amputado, Caramelo está felizmente adoptado en Inglaterra. Pero el final de cuento de este galgo no se parece en nada al de Iniesta y Bola, dos ejemplares de buena salud y estado físico, cuyas muertes por ahorcamiento en 2011 han provocado ahora que un juez de refuerzo del Juzgado de lo Penal número 1 de Toledo, Carmelo Ordóñez Fernández, haya dictado la primera condena en España por la muerte de galgos.

El inculpado, que enterró a sus animales muertos para no dejar pistas, ha sido condenado a siete meses y medio de prisión, aunque no irá a la cárcel. También ha sido inhabilitado durante dos años y un día para el ejercicio de la profesión, oficio o comercio relacionado con los animales. Ante el juez, el procesado afirmó que «desconocía que ahorcar animales fuese delito», que su abuelo lo había hecho toda la vida y admitió que los sacrificó «porque tenían defectos y no me valían para la caza».

Pero el microchip que llevaba cada perro delató al cazador. «Esta sentencia es un gran paso en la lucha por la defensa de los derechos de los animales», subraya Marlasca, quien se queja de que sigue sin haber una vigilancia constante por parte de las autoridades para que los perros lleven su microchip, que un propietario no tenga más de cinco perros y que haya más control sobre la cría indiscriminada.

Lo peor a partir de febrero

La muerte por ahorcamiento es agónica para el perro, que puede tardar en morir de varios minutos a horas, dependiendo del tipo de nudo y del peso del animal. «Si bien es cierto, por desgracia, que se trata de una práctica muy extendida en parte de la España aún profunda, se tratan de prácticas que repugnan por su crueldad», afirma el juez Carmelo Ordóñez en su sentencia.

"No se puede convertir una práctica que repugna, por muy generalizada que pudiere estar implantada en una localidad o zona concreta, en patente de corso, para que, bajo los auspicios del error de prohibición, queden impunes tales actos, máxime cuando el desconocimiento de la ley no exime su cumplimiento», añade el magistrado en su fallo. En el caso de Iniesta y Bola, los dos perros gozaban de una buena salud y estado físico. No existía justificación alguna, según el juez, para quitar la vida a esos animales, «ni mucho mediante un sistema tan cruel y primitivo como es el ahorcamiento».

El condenado es vecino de Fuensalida, una población de unos 12.000 habitantes donde la Asociación BaasGalgo ha encontrado, en lo que va de año, 40 de los 100 animales maltratados o muertos que ha recogido en Castilla-La Mancha. En BaasGalgo se temen lo peor a partir de febrero, después de que concluya la caza. Así pasa todos los años. «Es el holocausto de los galgos», advierte Marlasca.

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