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Seis regiones comparten casas de acogida y licencias de caza y pesca.
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El Mundo.es, 23 febrero 2009.
Firma de los acuerdos alcanzados en el III Encuentro de Comunidades Autónomas para el desarrollo de sus estatutos de autonomía.
Dispondrán de una red común de acogida a víctimas de violencia doméstica
Contarán también con una licencia de caza y pesca intercomunitaria
Los acuerdos están abiertos a las otras once comunidades y se los harán llegar.
Las comunidades de Andalucía, Aragón, Baleares, Cataluña, Castilla y León y Valencia, constituidas en grupo de las seis con estatutos reformados la pasada legislatura o de 'última generación', dispondrán desde el 1 de enero de 2010 de una red común de acogida a mujeres víctimas de violencia doméstica y de una licencia de caza y pesca intercomunitaria, según los convenios firmados en Valladolid, sede de la III reunión de este grupo.
La firma de los convenios se realizó en la Sala de Mapas de la Sede de la Presidencia de la Junta de Castilla y León por parte de los titulares de la Presidencia de Andalucía, Gaspar Zarrías; Aragón, José Ángel Biel; Baleares, Albert Moragues; Cataluña, Joan Saura; Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez, y Valencia, Serafín Castellano. Poco antes habían sido recibidos por el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera.
Con estos acuerdos se trata de "hacer más fácil y de simplificar" los trámites que realizan los ciudadanos antes los servicios públicos, explicó De Santiago-Juárez, en una rueda de prensa conjunta, cuyo marco fue una mesa hexagonal como símbolo de las seis comunidades que compartían la reunión. El consejero castellano y leonés anunció que los acuerdos están abiertos a las otras once comunidades y se los harán llegar.
Con estos acuerdos se trata de "hacer más fácil y de simplificar" los trámites que realizan los ciudadanos antes los servicios públicos
Las seis comunidades ponen a disposición de cada una de ellas las casas de acogida (casas de acogida, centros de emergencia y pisos tutelados) para dar servicio y cobertura cuando así se solicite. La coordinación de estas redes será permanente y cuando una comunidad autónoma precise una plaza fuera de su territorio se activará el protocolo de derivación. Cada gobierno, de acuerdo a su normativa interna, tramitará el ingreso basándose en los principios de celeridad, seguridad y confidencialidad, y lo comunicará a través de medios telemáticos a la comunidad de origen. En aquellos casos de extrema gravedad o peligro inminente para la víctima, la atención coordinada deberá resolverse en un plazo máximo de 24 horas.
Según el convenio, esta puesta en común de los centros de acogida implica ventajas para la mujer que ha sufrido o sufre este tipo de violencia. De este modo, verán mejorada la protección frente a los agresores y podrán hacer efectiva la necesidad de alejarse de manera inmediata del maltratador así como poder rehacer su vida fuera de ese entorno físico y geográfico.
Cambio de normativas
Para que la licencia de caza y pesca sea efectiva, las seis comunidades tendrán que acomodar sus leyes o normativas internas de manera que en enero de 2010 una persona con una licencia de Castilla y León pueda cazar o pescar en las otras cinco comunidades sin necesidad de obtener la propia de ese territorio. En el caso de Castilla y León se deberá modificar la Ley de Tasas, según precisó el titular de la Presidencia.
Así, las seis comunidades autónomas se comprometen a realizar las modificaciones legislativas y normativas necesarias que conduzcan al reconocimiento recíproco en su territorio de la validez de las licencias de caza y de pesca recreativa en aguas interiores expedidas por las demás comunidades firmantes.
Para que las comunidades autónomas firmantes reconozcan en su territorio la licencia de caza o de pesca expedida por cualquiera de ellas, será necesario que la licencia haya sido expedida por la comunidad autónoma donde el interesado tenga su vecindad administrativa, que el beneficiario cuente con la edad mínima para el ejercicio de las actividades de caza y pesca que establezca la normativa autonómica en cuyo territorio pretenda su ejercicio y, por último, el abono de la tasa exigida por la comunidad autónoma donde el pescador o cazador desee ejercitar su derecho para lo que todas las comunidades firmantes facilitarán el pago electrónico de la tasa prevista en su normativa.
La firma de este convenio se realiza sin menoscabo de las competencias exclusivas de cada una de estas comunidades autónomas, por lo que el ejercicio de las actividades de caza y pesca se regirá en cada territorio por la normativa dictada por la respectiva comunidad autónoma. Así, cada comunidad aplicará sus propias disposiciones en materia sancionadora respecto a las infracciones que se cometan en su territorio y, de la misma forma, la duración de la licencia será la prevista en la normativa de la comunidad autónoma que la hubiera otorgado, en todo caso tendrá una duración máxima de diez años.
Durante el ejercicio de estas actividades el beneficiario deberá portar la licencia, el justificante de pago de la tasa y el resto de documentación exigible en la comunidad autónoma en cuyo territorio esté cazando o pescando, como los seguros obligatorios.
En el primer encuentro de comunidades autónomas con nuevos estatutos celebrado en julio de 2008 en Zaragoza, se constató la necesidad de establecer mecanismos de colaboración entre estos territorios con el objeto de desarrollar sus textos estatutarios. Las comunidades participantes en el encuentro constitutivo de Zaragoza acordaron seguir celebrando estas reuniones intergubernamentales para lo cual se hizo necesario un conjunto de normas de funcionamiento para el desarrollo de las mismas.
Funcionamiento
Las Normas de Funcionamiento aprobadas en el encuentro de Valladolid posibilitan la incorporación de otras comunidades siempre y cuando éstas aprueben reformas de sus Estatutos de nuevo impulso autonómico y cuando las comunidades constituyentes acuerden dar comienzo a la fase de ampliación.
En cuanto a los acuerdos, se adoptarán por unanimidad y no generarán vinculación jurídica debiéndose adaptar, las actuaciones en que se materialicen, a la normativa de cada comunidad. Además, las Normas de Funcionamiento establecen que estos acuerdos podrán producirse entre dos o más comunidades autónomas en asuntos de interés común. Igualmente, se prevé, mediante grupos de trabajo, un impulso y seguimiento de los acuerdos firmados en cada reunión.
Este conjunto de normas supone una eficaz herramienta de trabajo en la cooperación horizontal que permitirá avanzar en el desarrollo estatutario de las comunidades autónomas con mayor techo competencial, según los firmantes.
La reunión celebrada en Valladolid es la tercera con este formato después de las que tuvieron lugar en Zaragoza el 9 de julio y en Sevilla el 20 de octubre de 2008, donde ya se plantearon los dos asuntos que se han convertido en acuerdos de colaboración.
Firma de los acuerdos alcanzados en el III Encuentro de Comunidades Autónomas para el desarrollo de sus estatutos de autonomía.
Dispondrán de una red común de acogida a víctimas de violencia doméstica
Contarán también con una licencia de caza y pesca intercomunitaria
Los acuerdos están abiertos a las otras once comunidades y se los harán llegar.
Las comunidades de Andalucía, Aragón, Baleares, Cataluña, Castilla y León y Valencia, constituidas en grupo de las seis con estatutos reformados la pasada legislatura o de 'última generación', dispondrán desde el 1 de enero de 2010 de una red común de acogida a mujeres víctimas de violencia doméstica y de una licencia de caza y pesca intercomunitaria, según los convenios firmados en Valladolid, sede de la III reunión de este grupo.
La firma de los convenios se realizó en la Sala de Mapas de la Sede de la Presidencia de la Junta de Castilla y León por parte de los titulares de la Presidencia de Andalucía, Gaspar Zarrías; Aragón, José Ángel Biel; Baleares, Albert Moragues; Cataluña, Joan Saura; Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez, y Valencia, Serafín Castellano. Poco antes habían sido recibidos por el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera.
Con estos acuerdos se trata de "hacer más fácil y de simplificar" los trámites que realizan los ciudadanos antes los servicios públicos, explicó De Santiago-Juárez, en una rueda de prensa conjunta, cuyo marco fue una mesa hexagonal como símbolo de las seis comunidades que compartían la reunión. El consejero castellano y leonés anunció que los acuerdos están abiertos a las otras once comunidades y se los harán llegar.
Con estos acuerdos se trata de "hacer más fácil y de simplificar" los trámites que realizan los ciudadanos antes los servicios públicos
Las seis comunidades ponen a disposición de cada una de ellas las casas de acogida (casas de acogida, centros de emergencia y pisos tutelados) para dar servicio y cobertura cuando así se solicite. La coordinación de estas redes será permanente y cuando una comunidad autónoma precise una plaza fuera de su territorio se activará el protocolo de derivación. Cada gobierno, de acuerdo a su normativa interna, tramitará el ingreso basándose en los principios de celeridad, seguridad y confidencialidad, y lo comunicará a través de medios telemáticos a la comunidad de origen. En aquellos casos de extrema gravedad o peligro inminente para la víctima, la atención coordinada deberá resolverse en un plazo máximo de 24 horas.
Según el convenio, esta puesta en común de los centros de acogida implica ventajas para la mujer que ha sufrido o sufre este tipo de violencia. De este modo, verán mejorada la protección frente a los agresores y podrán hacer efectiva la necesidad de alejarse de manera inmediata del maltratador así como poder rehacer su vida fuera de ese entorno físico y geográfico.
Cambio de normativas
Para que la licencia de caza y pesca sea efectiva, las seis comunidades tendrán que acomodar sus leyes o normativas internas de manera que en enero de 2010 una persona con una licencia de Castilla y León pueda cazar o pescar en las otras cinco comunidades sin necesidad de obtener la propia de ese territorio. En el caso de Castilla y León se deberá modificar la Ley de Tasas, según precisó el titular de la Presidencia.
Así, las seis comunidades autónomas se comprometen a realizar las modificaciones legislativas y normativas necesarias que conduzcan al reconocimiento recíproco en su territorio de la validez de las licencias de caza y de pesca recreativa en aguas interiores expedidas por las demás comunidades firmantes.
Para que las comunidades autónomas firmantes reconozcan en su territorio la licencia de caza o de pesca expedida por cualquiera de ellas, será necesario que la licencia haya sido expedida por la comunidad autónoma donde el interesado tenga su vecindad administrativa, que el beneficiario cuente con la edad mínima para el ejercicio de las actividades de caza y pesca que establezca la normativa autonómica en cuyo territorio pretenda su ejercicio y, por último, el abono de la tasa exigida por la comunidad autónoma donde el pescador o cazador desee ejercitar su derecho para lo que todas las comunidades firmantes facilitarán el pago electrónico de la tasa prevista en su normativa.
La firma de este convenio se realiza sin menoscabo de las competencias exclusivas de cada una de estas comunidades autónomas, por lo que el ejercicio de las actividades de caza y pesca se regirá en cada territorio por la normativa dictada por la respectiva comunidad autónoma. Así, cada comunidad aplicará sus propias disposiciones en materia sancionadora respecto a las infracciones que se cometan en su territorio y, de la misma forma, la duración de la licencia será la prevista en la normativa de la comunidad autónoma que la hubiera otorgado, en todo caso tendrá una duración máxima de diez años.
Durante el ejercicio de estas actividades el beneficiario deberá portar la licencia, el justificante de pago de la tasa y el resto de documentación exigible en la comunidad autónoma en cuyo territorio esté cazando o pescando, como los seguros obligatorios.
En el primer encuentro de comunidades autónomas con nuevos estatutos celebrado en julio de 2008 en Zaragoza, se constató la necesidad de establecer mecanismos de colaboración entre estos territorios con el objeto de desarrollar sus textos estatutarios. Las comunidades participantes en el encuentro constitutivo de Zaragoza acordaron seguir celebrando estas reuniones intergubernamentales para lo cual se hizo necesario un conjunto de normas de funcionamiento para el desarrollo de las mismas.
Funcionamiento
Las Normas de Funcionamiento aprobadas en el encuentro de Valladolid posibilitan la incorporación de otras comunidades siempre y cuando éstas aprueben reformas de sus Estatutos de nuevo impulso autonómico y cuando las comunidades constituyentes acuerden dar comienzo a la fase de ampliación.
En cuanto a los acuerdos, se adoptarán por unanimidad y no generarán vinculación jurídica debiéndose adaptar, las actuaciones en que se materialicen, a la normativa de cada comunidad. Además, las Normas de Funcionamiento establecen que estos acuerdos podrán producirse entre dos o más comunidades autónomas en asuntos de interés común. Igualmente, se prevé, mediante grupos de trabajo, un impulso y seguimiento de los acuerdos firmados en cada reunión.
Este conjunto de normas supone una eficaz herramienta de trabajo en la cooperación horizontal que permitirá avanzar en el desarrollo estatutario de las comunidades autónomas con mayor techo competencial, según los firmantes.
La reunión celebrada en Valladolid es la tercera con este formato después de las que tuvieron lugar en Zaragoza el 9 de julio y en Sevilla el 20 de octubre de 2008, donde ya se plantearon los dos asuntos que se han convertido en acuerdos de colaboración.
