Un plan para saquear rapaces

La Guardia Civil ha constatado que el programa de conservación del águila imperial de Andalucía estuvo hasta la temporada pasada plagado de irregularidades. Algunos de sus responsables, implicados en una presunta red de expolio de aves rapaces protegidas, trucaron informes para aparentar el éxito del plan y así seguir optando a subvenciones, retiraron pollos de sus nidos sin justificar y ocultaron datos sobre la elevada mortalidad de los ejemplares tratados en el centro de cría de San Jerónimo (Sevilla), uno de los referentes del programa.

Estas son algunas de las conclusiones del informe elaborado por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil sobre las irregularidades del programa de recuperación del águila imperial, financiado por la Junta y mantenido, en gran medida, con subvenciones europeas. La investigación surgió de la Operación Horus, desarrollada por la Guardia Civil a principios de 2011 y que se saldó 16 detenidos en nueve provincias. Cinco de los implicados —entre ellos el director del centro de cría de San Jerónimo, Miguel Salas, un guardia forestal y un aficionado a la cetrería— estaban citados a declarar el pasado viernes como imputados en el Juzgado de Instrucción 1 de Sanlúcar la Mayor (Sevilla), pero la declaración se pospuso después de que la Guardia Civil remitiera un nuevo informe sobre el caso.

El texto recopila diversa documentación, entre ella un informe elaborado por el Ministerio de Medio Ambiente sobre las memorias emitidas y las actuaciones realizadas en el plan andaluz. El resultado desgrana decenas de irregularidades por las que los implicados podrían ser acusados de delitos contra la flora y la fauna, falsificación de documento público y fraude de subvenciones.

El objetivo del programa era reintroducir el águila imperial en algunas zonas de Andalucía en las que se había extinguido. Para ello, los técnicos estaban autorizados a extraer huevos y pollos de nidos salvajes, criarlos en cautividad y luego devolverlos a la naturaleza. Pero, según el informe de la Guardia Civil, el 56,97% de los pollos recogidos (49 de los 85 retirados entre 2001 y 2010) “no cumplían ninguno de los supuestos” que contempla el protocolo de la Junta, ni las normativas españolas y europeas. “Las irregularidades en cuanto a las retiradas de ejemplares de los nidos han sido continuas y manifiestas desde el comienzo del programa”, señala el informe, que sostiene que sistemáticamente se incumplió la norma que fija en un máximo de ocho el número de ejemplares que se pueden extraer cada año de los nidos (en 2008 se extrajeron 11; en 2009, 12; y en 2010, 14). Los investigadores creen que, como consecuencia de estos y otros incumplimientos, “se han producido muertes de animales que se pudieran haber salvado”.

Los técnicos de Medio Ambiente han constatado, además, que los ejemplares recogidos y luego liberados tienen menor esperanza de vida que los que se dejan en los nidos y que algunos de los criados en cautividad fueron “amansados”, lo que impide reintroducirlos con éxito en el medio salvaje. “La mortalidad por electrocución de los ejemplares liberados supone el 64,2%”, añade el informe. La Guardia civil cree también que los técnicos implicados “alteraron” muchas de las estadísticas, como las de los pollos que vuelan de los nidos, los que mueren o el número de parejas reproductoras. Entre 2002 y 2010, según el Seprona, las estadísticas del programa andaluz se engordaron con 36 parejas “que no deberían aparecer”. “A la vista del informe se deja entrever que los errores en la estadística han tenido una continuidad en el tiempo (desde el año 2002 a 2010)”, señala el Seprona, que advierte que los datos proporcionados por los responsables del programa “son siempre más positivos” de que lo que en realidad eran.