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ASANDA acusa a la Junta de utilizar cifras económicas no verificables para justificar su apoyo a la tauromaquia
La Asociación Andaluza para la Defensa de los Animales (ASANDA) ha publicado el informe "Cuando una estimación se convierte en dato oficial: la utilización de cifras no verificables para justificar el apoyo institucional a la tauromaquia", en el que analiza el origen, la metodología y la fiabilidad de las cifras económicas que la Junta de Andalucía utiliza para justificar su respaldo institucional a los espectáculos taurinos.
El informe puede consultarse íntegramente en:
El estudio parte de la respuesta publicada por la Junta de Andalucía en el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía (BOPA) de 5 de junio de 2025, en la que afirmaba que la tauromaquia representa el 0,375 % del Producto Interior Bruto andaluz, genera un impacto económico indirecto superior a 45 millones de euros anuales y mantiene más de 3.100 personas vinculadas directamente a los festejos taurinos.
Tras un análisis técnico de dichas afirmaciones, ASANDA concluye que ninguna de esas magnitudes puede verificarse mediante la contabilidad nacional, los registros tributarios, las estadísticas de la Seguridad Social o cualquier otra fuente oficial independiente.
Según la asociación, el problema no radica en que existan estudios que elaboren estimaciones económicas sobre el sector taurino, sino en que la propia Administración las presenta como si fueran hechos oficialmente acreditados, sin advertir que se trata de cálculos obtenidos mediante modelos econométricos cuyas hipótesis y resultados no pueden ser contrastados por la ciudadanía.
"Una Administración puede apoyarse en estimaciones para orientar sus análisis, pero no puede conferirles la apariencia de datos oficiales cuando no existe ninguna posibilidad de verificarlas mediante fuentes públicas independientes. La diferencia entre una estimación y un hecho acreditado no es un matiz técnico: es una exigencia básica de transparencia y de buena administración."
El informe explica que la tauromaquia carece de una clasificación propia en la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE), lo que impide conocer oficialmente cuál es su aportación al PIB, su volumen real de empleo o su contribución tributaria. También analiza cómo el denominado impacto económico se obtiene mediante modelos basados en efectos multiplicadores y no a partir de datos contables efectivamente registrados.
Asimismo, el documento señala que buena parte de las cifras difundidas durante los últimos años proceden de estudios promovidos por la Asociación Nacional de Organizadores de Espectáculos Taurinos (ANOET) y elaborados con participación de investigadores de la Universidad de Extremadura.
ASANDA aclara expresamente que ni el origen empresarial del estudio ni la participación de una universidad invalidan por sí mismos sus conclusiones. Sin embargo, considera que precisamente por ello resulta imprescindible conocer con exactitud la metodología empleada, las fuentes utilizadas y las hipótesis incorporadas al modelo económico antes de que una Administración Pública pueda asumir esas cifras como fundamento de sus decisiones.
El informe recuerda igualmente que esos estudios han sido objeto de críticas metodológicas por diversos autores y entidades, entre ellas el análisis publicado por ASANDA bajo el título "Las burdas trolas del informe «Los toros en España: un gran impacto económico con mínimas subvenciones»", en el que se cuestiona la utilización de datos no verificables y la construcción de determinadas estimaciones económicas.
Para ASANDA, el debate trasciende ampliamente la tauromaquia.
"La cuestión de fondo afecta a la calidad democrática de las decisiones públicas. Cuando una Administración justifica una política utilizando cifras económicas, los ciudadanos tienen derecho a conocer de dónde proceden, cómo se han calculado y si pueden comprobarse de forma independiente. Si una cifra no puede verificarse, no puede utilizarse como argumento de autoridad."
La asociación considera especialmente preocupante que estas estimaciones hayan sido utilizadas para justificar el rechazo de recomendaciones formuladas por el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas relativas a la protección de los menores frente a la violencia presente en los espectáculos taurinos, otorgándoles una apariencia de certeza que, a juicio de ASANDA, no poseen.
El informe concluye que las estimaciones económicas pueden constituir herramientas útiles para la investigación o la planificación, pero no deben presentarse como hechos estadísticamente acreditados cuando no pueden verificarse mediante registros oficiales independientes.
Por ello, ASANDA considera que las Administraciones Públicas tienen el deber de fundamentar sus decisiones en información objetiva, transparente y reproducible, conforme a los principios de objetividad recogidos en el artículo 103 de la Constitución Española, así como a las exigencias de motivación, transparencia y buena administración previstas en la legislación vigente.
Con el fin de esclarecer el origen y la solidez de las cifras empleadas oficialmente por la Junta de Andalucía, ASANDA solicitará, al amparo de la Ley 19/2013, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, y de la Ley 1/2014, de Transparencia Pública de Andalucía, el acceso íntegro a la documentación técnica que sirvió de base para afirmar que la tauromaquia representa el 0,375 % del PIB andaluz, genera un impacto económico indirecto superior a 45 millones de euros anuales y mantiene más de 3.100 personas vinculadas directamente a los festejos taurinos.
En concreto, la asociación solicitará los estudios completos, las memorias metodológicas, las fuentes estadísticas utilizadas, los modelos econométricos aplicados, los informes técnicos que avalan dichas cifras y cualquier otro documento que permita verificar de forma independiente la exactitud de los datos difundidos por la Administración.
"Si la Junta dispone de una base técnica sólida para sostener esas afirmaciones, debe hacerla pública. Y si no puede acreditarla, debería dejar de presentar como hechos demostrados lo que no son más que estimaciones discutibles. La transparencia no consiste únicamente en publicar cifras, sino en permitir que cualquier ciudadano pueda comprobar de dónde proceden y cómo se han obtenido."
